Se discute si en contra de la voluntad de un
ciudadano inglés que dispuso de sus bienes de conformidad con su ley nacional,
que se basa en la libertad de testar, es aplicable, al amparo del art. 12.2 CC,
el reenvío a la ley española, conforme a la norma de conflicto inglesa que
establece que la sucesión por causa de muerte se rige, para los bienes
inmuebles, por la ley de su situación, y para los bienes muebles por la ley del
domicilio del causante. Ni el juzgado ni la Audiencia han aceptado el reenvío y
el demandante y recurrente en casación, hijo del causante,
pretende que se aplique mediante la técnica del reenvío la ley española con el
fin de que se le reconozca la legítima en la sucesión de su padre. Alega el
hijo que de acuerdo con el art. 9.8 CC, es aplicable la ley inglesa, que se
remite a la ley española por tener el causante domicilio en España y estar sus
bienes en España.
La
tesis que presupone la existencia de una norma implícita conforme a la cual no
procede el reenvío cuando el testador elige como ley aplicable su ley personal
o hace testamento que sería válido conforme a la misma, ha venido siendo
defendida entre nosotros por un sector doctrinal con apoyo en modelos de
derecho comparado. Pero no es, sin embargo, la solución que ha venido
manteniendo la doctrina de esta sala, a la que debemos estar por razones de
seguridad jurídica, y que tenía su apoyo fundamental en un doble dato
normativo: i) que el art. 9.8 CC no utiliza la autonomía de la voluntad como
punto de conexión, de modo que no permite al causante elegir la ley que rige su
sucesión (a diferencia de lo que sucede con el Reglamento 650/2012, en los
términos de su art. 22); y ii) que el art. 12.2 CC no excluye el reenvío por el
hecho de que el causante haya elegido la ley aplicable a su sucesión (a
diferencia de lo que resulta de los arts. 34 y 22 del Reglamento 650/2012, de
sucesiones).
Así,
esta sala ha admitido el reenvío a la ley española, a pesar de que el causante
otorgó testamento conforme a la libertad de testar de su ley personal, en las
sentencias 849/2002, de 23 de septiembre, y 490/2014, de 12 de enero de 2015
(ciudadanos británicos residentes en España, donde fallecen bajo testamento en
el que nombran herederas a sus esposas; se estiman las demandas de los hijos y
se reconoce su condición de legitimarios). En estas dos sentencias fue
relevante que se había considerado probado que todos los bienes del caudal
relicto eran inmuebles que se encontraban en España, por lo que en virtud del
reenvío que hace la ley inglesa a la ley española por lo que se refiere a la
sucesión de los inmuebles, toda la sucesión se regía por la ley española. Es
decir, la aplicación del reenvío en estos supuestos no provocó un
"fraccionamiento legal de la sucesión", lo que se considera contrario
al art. 9.8 CC que, al disponer que "la sucesión por causa de muerte se regirá
por la ley nacional del causante en el momento de su fallecimiento,
cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el país donde se
encuentren", exige que la ley que regule la sucesión sea una sola ley.
En
aplicación de esta doctrina que rechaza el reenvío de primer grado en materia
de sucesión por causa de muerte cuando provoca un "fraccionamiento legal
de la sucesión", es decir, cuando da lugar a que la sucesión se vea
regulada por varias leyes, no se admitió el reenvío parcial a la ley española
en los supuestos de las sentencias 887/1996, de 15 de noviembre, y 436/1999, de
21 de mayo. Tampoco se ha aceptado el reenvío a la ley española por lo que se
refiere a los inmuebles en España en la sentencia 685/2018, de 5 de diciembre, porque
en el caso resuelto en esta sentencia la aceptación de la voluntad del
causante, acorde con su derecho nacional, de mantener a efectos sucesorios su
domicilio en Inglaterra, donde mantenía cuentas financieras y no había perdido
su arraigo, determinaba la aplicación de la ley inglesa a los bienes muebles y
el reenvío solo hubiera conducido a la ley española para el inmueble en España,
provocando un fraccionamiento legal de la sucesión.
La
aplicación de la doctrina de esta sala elaborada en torno a los arts. 12.2 y 98
CC determina que, en atención a las circunstancias del presente caso, el
recurso de casación deba ser estimado por las razones que se exponen a
continuación. No se ha discutido por las partes que el único inmueble propiedad
del causante está situado en territorio español (por lo que la norma de
conflicto inglesa remite para su sucesión al Derecho español). Tampoco que el
último domicilio del causante se encontraba en España, tal y como ya se hiciera
constar en el testamento (por lo que la norma de conflicto remite también para
la sucesión de los bienes muebles al Derecho español). En consecuencia, en el
presente caso, en virtud del reenvío previsto en el art. 12.2 CC, es de
aplicación a toda la sucesión la ley española, con la que además la sucesión
guarda una conexión más estrecha que con la derivada de la nacionalidad del
causante, dado que el mismo residía en España, donde falleció, y donde se encuentran
los bienes del caudal hereditario y las personas llamadas a la sucesión.
Al
no entenderlo así la sentencia recurrida es contraria a la interpretación
jurisprudencial de los arts. 9.8 y 12.2 y debe ser casada. Al asumir la
instancia, procede estimar la demanda y declarar que el demandante es
legitimario en la sucesión de su padre D. Isaac y que procede que se reduzca la
institución de heredero a que se refiere el testamento otorgado por D. Isaac en
la parte que perjudique la legítima del demandante.
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