martes, 5 de febrero de 2019

El certificado sucesorio europeo como título sucesorio inscribible


Resolución de la DGRN de 4 de enero de 2019: La cuestión que plantea el presente recurso se refiere a la idoneidad de un Certificado sucesorio europeo expedido en Alemania, como título sucesorio previsto en el artículo 14 de la ley Hipotecaria así como la eventual exigencia del requisito formal de traducción.

Resultado de imagen de torre santa clara sevillaEl Certificado es una creación europea, inicialmente inspirado, en cuanto a su filosofía, en el Convenio de La Haya de 21 de octubre de 1973 sobre administración internacional de herencias. Constituye una forma más de circulación de las sucesiones mortis causa entre los Estados miembros, referidas al título de la sucesión y a la prueba de sus elementos. El Certificado, que es voluntario, puede expedirse únicamente a solicitud de heredero, legatario con interés directo en la herencia, administrador o ejecutor (artículos 63.1 y 65 del Reglamento). Se expide para ser utilizado exclusivamente en otro u otros Estados miembros –aun siendo la ley aplicable a la sucesión la de un tercer estado–, y no tiene que referirse a la total sucesión, sino que también puede hacerlo a los elementos que se pretendan certificar.

En este contexto, la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil en coherencia con los efectos establecidos para el certificado sucesorio europeo en el artículo 69 del Reglamento 650/2012, especialmente en su párrafo 5.º y en sus considerandos, prevé que sea un título sucesorio a los efectos del Registro y establece la siguiente redacción del párrafo primero del artículo 14 de la Ley Hipotecaria «el título de la sucesión hereditaria, a los efectos del Registro, es el testamento, el contrato sucesorio, el acta de notoriedad para la declaración de herederos abintestato y la declaración administrativa de heredero abintestato a favor del Estado, así como, en su caso, el certificado sucesorio europeo al que se refiere el capítulo VI del Reglamento   (UE) n.º 650/2012». El Certificado, conforme al artículo 69 del Reglamento surtirá efectos en todos los Estados miembros sin necesidad de ningún procedimiento especial. Se presume que prueba los extremos que han sido acreditados de conformidad con la ley aplicable a la sucesión o con cualquier otra ley aplicable a extremos concretos de la herencia. Se presumirá, asimismo, conforme al inciso segundo del párrafo 2.º del artículo 69 que la persona que figure en el certificado como heredero, legatario, ejecutor testamentario o administrador de la herencia tiene la cualidad indicada en él o es titular de los derechos o de las facultades que expresen sin más condiciones o imitaciones que las mencionadas en el certificado.

 En el caso planteado el notario autorizante y recurrente se basa para la autorización de la escritura de aceptación y adjudicación de herencia en el certificado que le ha sido presentado, expedido por Tribunal alemán incorporando a la misma además de copia del certificado sucesorio, el certificado de defunción, internacional y exceptuado de apostilla (Convenio de Viena de 8 de septiembre de 1976) El certificado, instrumentado mediante copia auténtica, se encontraba dentro del plazo temporal de validez. En efecto, el certificado circula exclusivamente en copia auténtica, artículo 70 del Reglamento (UE) n.º 650/2012. Estas copias son temporales, poseyendo un plazo de validez limitado, -por lo general, a seis meses-, lo que se hará constar en las copias mismas, especificando su plazo de duración tras el cual no podrán surtir efecto alguno

 Habida cuenta de que la disposición mortis causa (tal como se define en el artículo 2 del Reglamento) es un extremo tenido en cuenta y que por lo tanto está en la base del certificado, no será necesario –de ser la sucesión testada, como ocurre en el caso ahora planteado– incorporar o acompañar a la escritura calificada copia del testamento, al ser el certificado mismo, como se ha indicado, el titulo formal previsto para la inscripción (artículo 14 de la Ley Hipotecaria).El Reglamento exime de requisitos formales basados en la necesidad de legalización o apostilla (Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961). Habida cuenta de la finalidad de la norma europea -facilitar la circulación de los ciudadanos ante una sucesión internacional, considerando 80-, el registrador puede, sin que resulte obligado para él, solicitar una traducción si considera que no posee conocimientos lingüísticos suficientes para su comprensión.

Pero tal petición es innecesaria en el presente caso en que el notario manifiesta conocer en lo suficiente la lengua alemana en la sencilla traducción que se realiza de los campos cumplimentados en el concreto Certificado empleado, que suponen el integro título sucesorio, por lo que una mayor exigencia carecería de fundamento.

lunes, 28 de enero de 2019

Es inscribible la renuncia a la propiedad de una finca siempre que se tramite el expediente de investigación que se ha producido la adquisición por ministerio de la ley en favor del Estado


Resultado de imagen de azulejos sevillanosResolución de 26 de diciembre de 2018: Se vuelve a plantear a la posibilidad de inscribir en el Registro de la Propiedad la renuncia abdicativa del dominio. La única particularidad del expediente que da lugar a la presente se refiere a que si bien en la escritura pública presentada se contiene rogación a la registradora para que tome anotación preventiva del negocio jurídico de renuncia, la registradora toma anotación por el defecto subsanable de no acreditarse la existencia del oportuno expediente administrativo de investigación de conformidad con la legislación sobre el patrimonio de las Administraciones Públicas. Los interesados recurren porque entienden que debería haberse practicado directamente la inscripción a favor del Estado como consecuencia de la vacancia sobre la titularidad derivada de la renuncia abdicativa.

 Este Centro Directivo ha entendido que un ordenamiento como el español, que permite la pérdida del dominio por renuncia (cfr. artículo 6.2 del Código Civil), no puede poner obstáculo a la cancelación del dominio en virtud de la escritura en que el titular registral manifiesta su voluntad de no tenerla como suya (cfr. artículos 79, 80 y 82 de la Ley Hipotecaria y Resolución de 19 de enero de 1994). Asimismo, en Resoluciones de 10 de enero y 18 de febrero de 2003 ha estimado que la no inclusión de la renuncia del dominio en el artículo 2.1.º de la Ley Hipotecaria no es razón suficiente para negar su acceso al Registro, «toda vez que claramente establece el artículo 1 de la Ley Hipotecaria y confirma el artículo 7 del Reglamento Hipotecario, que el Registro de la Propiedad tiene por objeto todos los actos o contratos relativos al dominio de los inmuebles, y sin que exista argumento alguno para sostener el carácter taxativo de la enumeración de títulos inscribibles que contiene en el artículo 2.1 de la Ley Hipotecaria, restringiéndose así el ámbito de la materia inscribible previamente definido; antes al contrario, la propia Ley Hipotecaria, a lo largo de su articulado recoge títulos inscribibles no incluidos en aquella enumeración (cfr. artículos 26 y 107-6 de la Ley Hipotecaria), y así ocurre precisamente, con la extinción misma de dominio (cfr. artículos 20-1 y 79 de la Ley Hipotecaria)».

Consecuencia de lo anterior es que, como afirmara la Resolución de 5 de mayo de 2015 (que el propio escrito de recurso cita), desde el punto de vista de la técnica registral, y dejando al margen los demás presupuestos para que la renuncia al derecho de propiedad sea inscribible, ésta podría tener acceso al Registro mediante un asiento de inscripción en que se haga constar la renuncia, con subsistencia de la finca como finca inmatriculada (y con sujeción a la disciplina normativa que rige la adquisición por parte de la Administración del Estado de los bienes inmuebles vacantes, de suerte que esta adquisición se produce «ope legis», desde el momento en que se cumplen los requisitos para tal atribución –cfr. artículos 609, párrafo segundo, del Código Civil y 17 y 47.d) de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas–).

Es este último aspecto, señalado como defecto en la resolución de la registradora, el que impide que se produzca la inscripción sin más en el Registro de la Propiedad como reclama el escrito de recurso. Así resulta indubitadamente de la legislación especial sobre patrimonio de las Administraciones Públicas: Ciertamente, del artículo 17 de la Ley 33/2003, de 3 noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas resulta que: «1. Pertenecen a la Administración General del Estado los inmuebles que carecieren de dueño. 2. La adquisición de estos bienes se producirá por ministerio de la Ley». Ahora bien y como resulta del propio precepto la adquisición se condiciona a los derechos de tercero y a que no exista poseedor en concepto de dueño. Es decir, la mera existencia de una renuncia abdicativa no implica sin más que se produzca una adquisición por parte de la Administración General del Estado. Así ocurrirá y no se producirá la adquisición de la Administración General del Estado si existen terceros con un derecho preferente (a quienes acrezca la porción renunciada, vid. la reciente Resolución de 19 de octubre de 2018), o si los renunciantes resultan no ser los titulares civiles del dominio («nemo dat quod non habet»).

De aquí que la regulación sobre el patrimonio de las Administraciones Públicas prevea la existencia de un expediente de investigación (artículos 47 y siguientes), «respecto de los bienes y derechos que presumiblemente sean de la titularidad de la Administración General del Estado (…)» (artículo 46.1 de la Ley). El expediente, que incluye la publicación de su objeto en el «Boletín Oficial del Estado» incluirá las pruebas aportadas por quienes resulten ser interesados (la escritura pública de renuncia, por ejemplo, artículo 57.2 del reglamento de ejecución de la Ley), a fin de que por parte de la Abogacía del Estado se lleve a cabo un informe para, en su caso, culminar con «(…) resolución que ponga fin al procedimiento y se procederá a su tasación, a su inclusión en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado y a su inscripción en el Registro de la Propiedad, así como a la adopción, en su caso, de cuantas medidas sean procedentes para obtener su posesión» (artículo 47 de la Ley).

Hasta que no recaiga dicha resolución favorable no es posible la inscripción en el Registro de la Propiedad: «La resolución decidirá sobre la pertenencia del bien o derecho a la Administración General del Estado, o en su caso, a sus organismos públicos» (artículo 58.2 del Reglamento), momento en el que «la Administración General del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 36 y 47 d) de la Ley, deberá inscribir a su favor en el Registro de la Propiedad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Hipotecaria, los inmuebles o derechos sobre los mismos cuya pertenencia le haya sido acreditada a través del procedimiento de investigación» (artículo 60 del Reglamento de ejecución de la Ley).

 Procede en definitiva la desestimación del recurso y la confirmación de la nota de calificación de la registradora que ha obrado correctamente al no tomar razón de una anotación preventiva no prevista en el ordenamiento y suspender la inscripción a favor de la Administración General del Estado hasta que resulte que esta, tras la tramitación y resolución del expediente de investigación previsto legalmente, considere que efectivamente y como consecuencia de la renuncia abdicativa se ha producido la adquisición por ministerio de la Ley del inmueble renunciado.

 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/28/pdfs/BOE-A-2019-1034.pdf

 

El juicio de suficiencia de un poder sueco implica la equivalencia de formas

Resultado de imagen de azulejos sevillanos
Resolución de la DGRN de 18 de diciembre de 2018: La cuestión que se plantea hace referencia a una escritura de compraventa en cuyo otorgamiento la parte compradora está representada en virtud de escritura de poder especial otorgado en Estocolmo, ante notaria sueca; y de dicho documento representativo el notario español reseña el lugar de su otorgamiento, la autoridad que lo expide, el hecho de estar redactado a doble columna en lenguas inglesa y española así como el hecho de que se encuentra apostillado, emitiendo a continuación su juicio de suficiencia,, al haber sido autorizado por notario en desarrollo de funciones equivalentes a las del notario español y contener juicio de identidad y de capacidad de los otorgantes.

En esencia, el registrador justifica la suspensión de la inscripción en que, a su juicio, la notaria sueca se limita únicamente a legitimar firmas, no siendo equivalentes sus funciones a las que desempeña el notario español, por lo que el notario autorizante de la escritura de compraventa calificada no puede dar juicio de suficiencia de dicho poder.
Conforme al artículo 10.11 del Código Civil español «(…) a la representación voluntaria, de no mediar sometimiento expreso, (se aplicará) la ley del país en donde se ejerciten las facultades conferidas». Por lo tanto, tratándose de una representación voluntaria sobre la que no se ha pactado otra cosa y que se va a ejercitar en España, la Ley que regula el ejercicio del poder de representación es la Ley española.

Con independencia de la validez formal del documento de acuerdo a las normas de conflicto aplicables (artículo 11 del Código Civil), y de su traducción y legalización (artículos 36 y 37 del Reglamento Hipotecario), es preciso que el documento supere un análisis de idoneidad o de equivalencia en relación con los documentos públicos españoles, requisito sin el cual no puede considerarse apto para modificar el contenido del Registro. El documento extranjero sólo es equivalente al documento español si concurren en su otorgamiento aquellos elementos estructurales que dan fuerza al documento público español: que sea autorizado por quien tenga atribuida en su país la competencia de otorgar fe pública y que el autorizante de fe, garantice, la identificación del otorgante así como su capacidad para el acto o negocio que contenga. (vid. los artículos 56 –respecto de la «ejecución de documentos públicos extranjeros»– y 60 –«inscripción de documentos públicos extranjeros»– de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil). Si tales indicaciones constan en la escritura otorgada mediante el referido título representativo, la reseña que el notario realice de los datos identificativos del documento auténtico y su juicio de suficiencia de las facultades representativas harán fe, por sí solas, de la representación acreditada y será inscribible en el Registro de la Propiedad el acto dispositivo formalizado en aquella escritura. Este juicio de equivalencia no es lo mismo que el juicio de suficiencia del artículo 98 de la Ley 24/2001, aunque cuando se realiza expresamente éste para el acto o negocio que se autoriza implica cabalmente aquél. Y que, siendo juicios distintos, el de suficiencia y el de equivalencia, aquél cuando se produce de forma expresa necesariamente ha de implicar el de que el poder es equivalente.

El juicio de equivalencia notarial no tiene por qué ajustarse a fórmulas sacramentales, ni tiene que necesariamente ser expresado en párrafo o frase gramatical separados sino que bastará la reseña del documento extranjero, el nombre y residencia del notario o funcionario autorizante, la existencia de la apostilla o legalización, y que el notario con base en las circunstancias del caso y a su conocimiento de la ley aplicable hiciera constar bajo su responsabilidad «que el poder reseñado es suficiente para el otorgamiento de esta escritura de (…), entendiendo que el mismo es funcionalmente equivalente a los efectos de acreditar la representación en el tráfico jurídico internacional» o fórmulas similares que cuanto más precisas y explícitas sean mayor será su contribución a la certidumbre y seguridad jurídicas.

 

 En el caso de este expediente se expresa por el notario español que se le ha exhibido el poder, con identificación de la notaria extranjera interviniente, debidamente apostillado, que contiene facultades suficientes para comprar bienes inmuebles y que considera «además, que reúne requisitos equivalentes a los exigidos por la legislación española, al haber sido autorizado por notario en desarrollo de funciones equivalentes a las del notario español y contener juicio de identidad y de capacidad de los otorgantes». Así, la escritura pública de compraventa presentada a inscripción reseña el conjunto de aspectos del documento representativo extranjero que son necesarios para calificar su eficacia formal, pues resultan no sólo los datos de identificación del documento sino también el hecho de que se encuentra redactado en doble columna en idioma inglés y español, así como que está apostillado. Además, contiene un juicio notarial de suficiencia de las facultades representativas acreditadas, así como un juicio explícito respecto de los requisitos materiales que permiten afirmar –parafraseando el citado artículo 60 de la Ley 29/2015– que la notaria extranjera ha intervenido en la confección del documento desarrollando funciones equivalentes a las que desempeñan las autoridades españolas en la materia de que se trata y surte el poder que autoriza los mismos o más próximos efectos en el país de origen y por tanto es susceptible de adecuarse al ordenamiento jurídico español. Por ello debe ser considerado suficiente a efectos también de acreditación de la referida equivalencia.

Por las consideraciones precedentes, según la interpretación flexible antes referida, puede considerarse que el poder de representación otorgado ante un notario sueco objeto de análisis en este expediente es susceptible de ser adecuado al ordenamiento español y, por tanto, es formal y funcionalmente equivalente a los autorizados por los notarios españoles al tiempo que surte los mismos o más próximos efectos en el país de origen.

 

martes, 8 de enero de 2019

Los datos personales de las personas fallecidas y el testamento digital


Resultado de imagen de datos personales
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales regula la utilización de datos personales de las personas fallecidas y el derecho al testamento digital.
 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673
  El artículo 3 se refiere a los datos de las personas fallecidas estableciendo quienes pueden pedir su acceso, rectificación y supresión, distinguiendo según que haya o no disposición testamentaria expresa, y según que sean plenamente capaces o sean menores o discapacitados al tiempo de su fallecimiento.
 La regla general es que el derecho de acceso lo tienen las personas vinculadas al fallecido por razones familiares así como sus herederos a no ser que la persona fallecida lo hubiera prohibido expresamente. No delimita la ley quienes son las personas vinculadas por vínculos familiares pero lo razonable es extender el círculo familiar a los miembros de la familiar nuclear: el cónyuge o pareja de hecho y los hijos y padres. Más dudoso es que este derecho de acceso y rectificación pueda extenderse a hermanos, tío y primos que no sean herederos.
 En este sentido el artículo 3 dispone:
 1. Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho así como sus herederos podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los datos personales de aquella y, en su caso, su rectificación o supresión.
Como excepción, las personas a las que se refiere el párrafo anterior no podrán acceder a los datos del causante, ni solicitar su rectificación o supresión, cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley. Dicha prohibición no afectará al derecho de los herederos a acceder a los datos de carácter patrimonial del causante.
2. Las personas o instituciones a las que el fallecido hubiese designado expresamente para ello podrán también solicitar, con arreglo a las instrucciones recibidas, el acceso a los datos personales de este y, en su caso su rectificación o supresión.Mediante real decreto se establecerán los requisitos y condiciones para acreditar la validez y vigencia de estos mandatos e instrucciones y, en su caso, el registro de los mismos.
3. En caso de fallecimiento de menores, estas facultades podrán ejercerse también por sus representantes legales o, en el marco de sus competencias, por el Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica interesada.
En caso de fallecimiento de personas con discapacidad, estas facultades también podrán ejercerse, además de por quienes señala el párrafo anterior, por quienes hubiesen sido designados para el ejercicio de funciones de apoyo, si tales facultades se entendieran comprendidas en las medidas de apoyo prestadas por el designado.
 El Artículo 96 regula el impropiamente llamado testamento digital ya que en realidad no se trata de una nueva clase de testamento sino de determinar las personas que tienen derecho de acceso a los contenidos digitales de prestadores de servicios  en internet.  Con el mismo contenido que el artículo tres establece que el derecho de acceso corresponde salvo disposición contraria en testamento no sólo a las personas vinculadas por razones familiares  sino también a los herederos y a los albaceas designados en virtud de testamento.
 El artículo 96 dispone:
1. El acceso a contenidos gestionados por prestadores de servicios de la sociedad de la información sobre personas fallecidas se regirá por las siguientes reglas:
a) Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como sus herederos podrán dirigirse a los prestadores de servicios de la sociedad de la información al objeto de acceder a dichos contenidos e impartirles las instrucciones que estimen oportunas sobre su utilización, destino o supresión.
Como excepción, las personas mencionadas no podrán acceder a los contenidos del causante, ni solicitar su modificación o eliminación, cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley. Dicha prohibición no afectará al derecho de los herederos a acceder a los contenidos que pudiesen formar parte del caudal relicto.
b) El albacea testamentario así como aquella persona o institución a la que el fallecido hubiese designado expresamente para ello también podrá solicitar, con arreglo a las instrucciones recibidas, el acceso a los contenidos con vistas a dar cumplimiento a tales instrucciones.
c) En caso de personas fallecidas menores de edad, estas facultades podrán ejercerse también por sus representantes legales o, en el marco de sus competencias, por el Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica interesada.
d) En caso de fallecimiento de personas con discapacidad, estas facultades podrán ejercerse también, además de por quienes señala la letra anterior, por quienes hubiesen sido designados para el ejercicio de funciones de apoyo si tales facultades se entendieran comprendidas en las medidas de apoyo prestadas por el designado.
2. Las personas legitimadas en el apartado anterior podrán decidir acerca del mantenimiento o eliminación de los perfiles personales de personas fallecidas en redes sociales o servicios equivalentes, a menos que el fallecido hubiera decidido acerca de esta circunstancia, en cuyo caso se estará a sus instrucciones.
El responsable del servicio al que se le comunique, con arreglo al párrafo anterior, la solicitud de eliminación del perfil, deberá proceder sin dilación a la misma.
3. Mediante real decreto se establecerán los requisitos y condiciones para acreditar la validez y vigencia de los mandatos e instrucciones y, en su caso, el registro de los mismos, que podrá coincidir con el previsto en el artículo 3 de esta ley orgánica.
4. Lo establecido en este artículo en relación con las personas fallecidas en las comunidades autónomas con derecho civil, foral o especial, propio se regirá por lo establecido por estas dentro de su ámbito de aplicación.

 

miércoles, 26 de diciembre de 2018

Aportaciones en metálico a un patrimonio protegido para atender las necesidades vitales del beneficiario.


Resultado de imagen de patrimonio protegido
Es indudable que la constitución de un patrimonio protegido de conformidad con lo dispuesto en la Ley 41/2003, de protección patrimonial de las personas con discapacidad, tiene ventajas fiscales tanto para el aportante como para el beneficiario. Pero no estaba claro en la ley si las aportaciones que se hacían en metálico se podían utilizar para atender las necesidades vitales del beneficiario sin necesidad de regularización, y por tanto sin que fueran consideradas como disposición del patrimonio protegido. Ya que si se estima que es disposición se provocaría la reposición de las reducciones en la base imponible. Si aporto para deducirme en la cuota del IRPF y luego me gasto el dinero aportado parece que habría que devolver lo deducido con los intereses correspondientes y formular una declaración fiscal complementaria

 En principio para para poder realizar disposiciones de dicho patrimonio protegido que no supongan la pérdida de la reducción en la base imponible del IRPF  hay que estar a lo dispuesto en el artículo 54.5 de la LIRPF que establece la regularización de los beneficios fiscales aplicados a los aportantes y perceptores de aportaciones al patrimonio protegido de los discapacitados en los siguientes términos:

“La disposición de cualquier bien o derecho aportado al patrimonio protegido de la persona con discapacidad efectuada en el período impositivo en que se realiza la aportación o en los cuatro siguientes tendrá las siguientes consecuencias fiscales.
a) Si el aportante fue un contribuyente por este Impuesto, deberá reponer las reducciones en la base imponible indebidamente practicadas mediante la presentación de la oportuna autoliquidación complementaria con inclusión de los intereses de demora que procedan, en el plazo que medie entre la fecha en que se produzca la disposición y la finalización del plazo reglamentario de declaración correspondiente al período impositivo en que se realice dicha disposición.  (…)”.

 Según se desprende de este precepto el plazo de tiempo que tiene que transcurrir para poder realizar disposiciones del patrimonio protegido que no suponga la pérdida de la reducción en la base imponible en el aportante contribuyente del IRPF, es de cuatro años además del período impositivo en que se realice la aportación. Una vez transcurrido este plazo de cuatro años los actos de disposición que se realicen no tendrán ninguna consecuencia fiscal respecto a las reducciones ya practicadas en la base imponible del IRPF de los aportantes, y, por tanto, si transcurrido dicho plazo se realizase una disposición de cualquier bien o derecho del patrimonio protegido, las reducciones que se hayan practicado no tendrán que ser regularizadas. Por el contrario, una disposición anticipada sin respetar el plazo establecido en el artículo 54.5 de la LIRPF, tendrá como consecuencia, respecto al aportante, la regularización fiscal de las reducciones en la base imponible ya practicadas, mediante la presentación de la oportuna autoliquidación complementaria en los términos que se indican en dicho precepto, suponiendo, por tanto, la pérdida de ese beneficio fiscal.

Esta es la regla general pero con carácter excepcional, se permite realizar actos de disposición anticipadamente, sin respetar el plazo exigido en el artículo 54.5 de la LIRPF, y sin que dichos actos den lugar a la regularización correspondiente de las reducciones ya practicadas. En consulta tributaria V3553-13 de fecha 9 de diciembre de 2013, los bienes y derechos integrantes del patrimonio protegido (parece que dinero en ese caso) se iban a destinar a dos finalidades: inversión correspondiente a la adquisición de un inmueble de titularidad del discapacitado y gasto correspondiente al alquiler de la vivienda del discapacitado.
Según el criterio mantenido por este Centro Directivo en la resolución de dicha consulta, distinguiendo entre los dos destinos dados a las aportaciones al patrimonio protegido, se indicó lo siguiente:
a) - La utilización del dinero aportado para realizar algún tipo de inversión financiera o inmobiliaria, no dará lugar a regularización siempre y cuando se efectúe de conformidad con el régimen de administración regulado en el artículo 5 de la Ley 41/2003 y el nuevo bien adquirido sustituya al dinero inicialmente aportado en el patrimonio protegido.
b) En lo que respecta al gasto de dinero, la Ley 1/2009, de 25 de marzo, de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos, y de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, ha añadido un último párrafo al apartado 2 del artículo 5, “Administración”, de la citada Ley 41/2003, con la siguiente redacción: “En todo caso, y en consonancia con la finalidad propia de los patrimonios protegidos de satisfacción de las necesidades vitales de sus titulares, con los mismos bienes y derechos en él integrados, así como con sus frutos, productos y rendimientos, no se considerarán actos de disposición el gasto de dinero y el consumo de bienes fungibles integrados en el patrimonio protegido, cuando se hagan para atender las necesidades vitales de la persona beneficiaria.”


Por tanto debe concluirse que el gasto de dinero y el consumo de bienes fungibles integrados en el patrimonio protegido, cuando se hagan para atender las necesidades vitales de la persona beneficiaria, no debe considerarse como disposición de bienes o derechos, a efectos del requisito de mantenimiento de las aportaciones realizadas durante los cuatro años siguientes al ejercicio de su aportación establecido en el artículo 54.5 de la LIRPF.
Para más información puede consultarse la Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V5308-16 de 15 de Diciembre de 2016 en el siguiente enlace:
 
 

 

miércoles, 19 de diciembre de 2018

EL DERECHO DE ACRECER INTERNO Y EXTERNO EN LA SUCESION TESTAMENTARIA. SUPUESTO PRACTICO


Resultado de imagen de tios sobrinos y primos

Matías, es un soltero que no tiene hijos ni ascendientes y en su testamento  quiere hacer tres partes en su herencia para lo que lo que hace tres llamamientos:

 En primer lugar instituye herederos en un tercio por partes iguales a sus hermanos Manuel, Pedro y Pablo.

En segundo lugar en otro tercio instituye herederos  a sus sobrinos Gregorio y Luis  y a sus sobrinos Jesús y José a razón de una cuarta parte para los dos primeros y tres cuartas partes para los dos últimos.

Y en el último tercio instituye heredero por partes iguales a su primos Sixto y Daniel.

 En los tres casos no hay sustitución vulgar que excluya el acrecimiento. Tenemos tres grupos externos de herederos: hermanos, sobrinos y primos. Y dentro de los tres grupos hay un llamamiento múltiple o interno. En el primer grupo de los hermanos y en el tercer grupo de los primos, los llamados los son por cuotas iguales. En el segundo grupo los sobrinos los llamados lo son por cuotas desiguales.

Supongamos que todos o algunos de los hermanos, sobrinos o primos quieren renunciar la herencia  de Matías. Esta renuncia nos podemos preguntar si produce los mismos efectos dentro de cada llamamiento o si hay alguna preferencia respecto de los demás grupos de herederos o si debe abrirse la sucesión intestada. Se trata en definitiva de dilucidar como actúa el acrecimiento en los llamamientos testamentarios.

  Veamos cada uno de los supuestos posibles.

 a.- Si renuncian todos sus hermanos Manuel, Pedro y Pablo se produce un derecho de acrecer externo de este tercio que queda vacante en favor de los restantes grupos de herederos de sobrinos y primos en la misma proporción en que son llamados a la herencia de Matías, es decir la mitad de un tercio acrece al  grupo de los sobrinos y la otra mitad al grupo de los primos.

b.- Del mismo modo si renuncian los dos primos Sixto y Daniel su  cuota acrece a los otros dos grupos de hermanos y sobrinos en la misma proporción en que son llamados a la herencia de Matías, es decir la mitad del tercio al grupo de los hermanos y la otra mitad al grupo de los sobrinos.

 c.- Si renuncian sólo algunos de los hermanos Manuel y Pedro pero no Pablo se produce un derecho de acrecer interno en favor de Pablo que no ha renunciado. El derecho de acrecer interno tiene preferencia respecto al acrecimiento externo de los restantes grupos. Este derecho de acrecer se produce porque los hermanos son herederos por partes iguales, es decir tienen un llamamiento conjunto que no los desiguala. Lo mismo cabe entender si renuncia uno de los primos Sixto, pero no lo hace Daniel que recibe la cuota renunciada por derecho de acrecer interno.

d.- Si sólo renuncia Gregorio hay derecho de acrecer interno en favor de Luis pero no en favor de Jesús y José. En este caso de renuncia de uno de los dos llamados se produce el acrecimiento interno en favor de los no renunciantes porque dentro de su grupo interno existe un llamamiento por iguales partes. Y también si sólo renuncia Jesús pero no lo hace José la cuota vacante queda en beneficio del no renunciante José por derecho de acrecer interno. 


e.- Si renuncian los sobrinos Gregorio y Luis del segundo grupo que están instituidos por partes desiguales la cuestión se complica ya que puede haber tres soluciones:

- La primera solución es entender que como quiera que le corresponde una cuarta parte del tercio y ese señalamiento implica designación de parte concreta no hay derecho de acrecer interno en favor de los sobrinos Jesús y José y debe proceder a abrir la sucesión intestada.
 
- La segunda solución es considerar que en tanto en cuanto le corresponde una cuarta parte del tercio y ese señalamiento implica designación de parte concreta no hay derecho de acrecer interno en favor de los sobrinos Jesús y José, pero hay un derecho de acrecer externo en favor de los restantes grupos de herederos. Esta cuota vacante de una cuarta parte de un tercio acrece a los otros dos grupos de hermanos y primos en la misma proporción en que son llamados a la herencia de Matías.
 
- La tercera solución es considerar que a pesar de ser la cuotas desiguales lo importante es el llamamiento solidario a un cuerpo separado de bienes y que esta renuncia  de Gregorio y Luis provoca un derecho de acrecer interno en favor de  Jesús y José.

 La opinión mayoritaria en la doctrina encabezada por Lacruz se decanta en favor de la segunda solución. Pero la tercera solución que es la que sostiene Albadalejo es una solución más equilibrada, aunque todavía no ha tenido el refrendo jurisprudencial.

- f.- Lo mismo puede decirse en el caso de que renuncien Jesús y José por lo que según la opinión mayoritaria, de la que se aparta Albadalejo, no hay derecho de acrecer en favor de Gregorio y Luis ya que también hay señalamiento de parte que excluye el derecho de acrecer. Esta cuota vacante de tres cuarta partes de un tercio acrece a los restantes grupos de herederos en la misma proporción en que son llamados. Pero cómo hemos dicho nos parece más equilibrado como sostiene Albaladejo que el derecho de acrecer interno sea preferente al derecho de acrecer externo aún en el supuesto de que las cuotas sean desiguales.
 
g.- Si renuncian todos los hermanos y sobrinos las cuotas vacantes acrece a los primos. Si renuncian todos los sobrinos y primos el derecho de acrecer queda en beneficio de los hermanos. Y si renuncian todos los hermanos y primos el derecho de acrecer se produce en favor de los sobrinos en el mismo porcentaje en que son llamados. Sólo en el caso de que la renuncia fuera de todos los hermanos, sobrinos y primos se abriría la sucesión intestada.

Ahora vayamos del supuesto práctico a la teoría. Cuando dos o más herederos o legatarios son llamados a una misma porción de herencia tiene lugar el derecho de acrecer en el caso de que no se haya previsto una sustitución vulgar y se produzca una vacante por renuncia, fallecimiento o incapacidad del heredero o legatario llamado.  En este sentido el art. 982 CC dispone: "Para que en la sucesión testamentaria tenga lugar el derecho de acrecer, se requiere:
 
1º Que dos o más sean llamados a una misma herencia, o a una misma porción de ella, sin especial designación de partes.

 2º Que uno de los llamados muera antes que el testador, o que renuncie la herencia, o sea incapaz de recibirla."

Y el art. 983 CC trata de aclarar el precepto anterior, aunque en realidad lo oscurece, al establecer que: "Se entenderá hecha la designación por partes sólo en el caso de que el testador haya determinado expresamente una cuota para cada heredero.

La frase «por mitad o por partes iguales» u otras que, aunque designen parte alícuota, no fijan ésta numéricamente o por señales que hagan a cada uno dueño de un cuerpo de bienes separado, no excluyen el derecho de acrecer."
 
La falta de claridad de este último precepto ha originado diversas interpretaciones, si bien la doctrina mayoritaria entiende que habrá acrecimiento cuando la institución se haga mediante frase numéricas que equivalgan a "por partes iguales", prescindiendo de la innecesaria mención al número, mientras que la asignación de partes alícuotas desiguales excluye el acrecimiento, la cual parece consagrada por la jurisprudencia. 

Así lo declaró la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 1917 (respecto a una institución de heredero por novenas partes indivisas). También lo sostiene así la Resolución DGRN de 21 de mayo de 2014 afirmando que la expresión «parte alícuota» fijada «numéricamente», por ejemplo, por novenas partes iguales u otras cuotas igualitarias, «no excluyen el derecho de acrecer», porque no implica una individualización específica del llamamiento que excluya el carácter conjunto, genérico o solidario del mismo. En cambio, cuando hay unas partes alícuotas fijadas numéricamente de modo desigual, éstas si implican una «fijación numérica especial» e individualizadora. Por tanto en el ejemplo que hemos puesto al principio hay acrecimiento en el primer grupo de los hermanos porque son instituidos por tercera partes iguales y no hay acrecimiento en el grupo de los sobrinos porque las cuotas son desiguales. 

 El acrecimiento interno tiene preferencia respecto del acrecimiento externo. Por tanto primero se producirá el acrecimiento dentro del correspondiente grupo y solo en segundo término a favor de los demás coherederos. Así en el ejemplo señalado en el grupo primero y tercero se produce el acrecimiento interno primero si no renuncian todos y en favor del no renunciantes. En cambio si renuncian todos se produce el acrecimiento externo en favor de los restantes grupos en el mismo porcentaje de su llamamiento.

El profesor Lacruz Berdejo cita el caso de la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 1917, en que se realizó un llamamiento por novenas partes indivisas pero, en una de las novenas partes, estaban instituidos dos sobrinos  de la testadora, siéndolo además en proporción distinta (un séptimo y seis séptimos de dicha novena porción indivisa). Según Lacruz, "puede darse el acrecimiento dentro de particulares grupos con preferencia a otro más general entre las personas y estirpes conjuntamente instituidas. Ahora bien, dentro del subgrupo los requisitos del acrecimiento son los mismos del artículo 983 ... en el caso de la S. de 1917, entre los instituidos en uno y seis séptimos de novena parte no hay derecho interno de acrecer, sin perjuicio del derecho del grupo principal -los nueve instituidos- a acrecer sobre las porciones que queden vacantes, dado que el grupo en sí se halla instituido en una cuota igual".

En contra de esta opinión se manifiesta Albaladejo que señala que lo relevante para excluir el acrecimiento no es que las partes sean desiguales sino que se haya adjudicación de un cuerpo de bienes separado que sea incompatible con el llamamiento conjunto. Aunque la herencia (o la parte de ella que sea, si es que se trata de institución sólo en una parte) se deje a varios, se considerará- nos dice-  dejada a todos como un cuerpo único de bienes si al instituirlos no resulta atribuido a cada uno o un grupo de bienes concretos (por ejemplo, «dejo a A mis valores bursátiles, a B mis restantes muebles, y a C mis inmuebles»; o «dejo a A mis bienes de España, a B los otros que poseo en Europa, y a C los que tengo en América»; o «dejo a A los bienes que heredé de mi padre, a B los que heredé de mi madre, y a C los que yo he ganado») o una determinada cifra de pesetas (así: «dejo a A cien mil, a B doscientas mil y a C trescientas mil») o de otras monedas, o una determinada cifra de valor a cubrir en bienes hereditarios (por ejemplo, «de mis bienes dejo a A por valor de cien mil pesetas, a B de doscientas mil, y a C, de trescientas mil»). Sin que obste a la existencia del cuerpo único de bienes el hecho de que el disponente, para distribuir la herencia entre los distintos instituidos lo haya hecho mediante la fijación a éstos de cuotas numéricas en relación con el total de la misma (como si dijo «instituyo a A a B y a C a cada uno en la tercera parte de mi herencia» o «háganse de mi herencia tres partes, una para A, otra para B y otra para C»), sean éstas iguales (como si dijo «instituyo a A, B y C a cada uno en un tercio de mi herencia») o desiguales (como si dijo «insti tuyo a A, B y C al primero en un sexto, al segundo en dos sextos, y al tercero en tres sextos de mi herencia»), pues ninguna de ambas cosas, de por sí, va contra la unicidad del cuerpo de bienes.

 Si seguimos esta opinión de Albaladejo la institución por partes desiguales no excluiría el derecho de acrecer y no sería necesario abrir la sucesión intestada. En el ejemplo que hemos puesto la renuncia de los sobrinos Gregorio y Luis provocaría un derecho de acrecer en favor de José y Jesús aunque estén instituidos en partes desiguales porque lo fundamental para que haya acrecimiento no es que haya cuotas iguales o desiguales sino que haya un llamamiento conjunto. Y este llamamiento conjunto o solidario se puede deducir del hecho que el testador haya querido distribuir su herencia entre tres grupo de parientes: hermanos, sobrinos y primos, por lo que parece más ajustado a la voluntad real del testador que en caso de que renuncie uno de los sobrinos su derecho acrezca a los restantes sobrinos, aunque sean llamados en partes desiguales. Esta solución es más equilibrada que abrir la sucesión intestada o que la cuota renunciada acrezca a los otros dos grupos de parientes, hermanos y primos. En todo caso sería conveniente en los testamentos apuntalar el derecho de acrecer en los llamamientos conjuntos con fórmulas que resalten su eficacia aún en el supuesto de cuotas desiguales.

 
                                         José María Sánchez-Ros Gómez
                                                      Notario de Sevilla
 

viernes, 14 de diciembre de 2018

La cancelación de condición resolutoria en garantia de la obligación del alimentista precisa del consentimiento del titular registral o de sus herederos


Resultado de imagen de azulejos
Resolución de la DGRN de 8 de noviembre de 2018: Se debate en este recurso la posibilidad de cancelar, por razón de caducidad, una condición resolutoria inscrita, en garantía del cumplimiento de un contrato de vitalicio consistente en la entrega de determinados bienes o derechos a cambio del deber de cuidado y asistencia durante la vida del alimentado. La registradora afirma que, para la cancelación de la referida condición resolutoria, es necesario el consentimiento del titular registral o sus herederos o en su defecto resolución judicial.

 La DG le da la razón.  En el caso de condiciones resolutorias pactadas para garantizar obligaciones distintas del pago del precio aplazado en las compraventas no podría aplicarse por analogía el artículo 177 del Reglamento Hipotecario, ya que se trata de supuestos distintos (derechos de modificación jurídica y condiciones resolutorias en garantía de obligaciones de hacer y no hacer) y en ningún caso sería de aplicación el párrafo quinto del artículo 82 de la Ley Hipotecaria, referido a la condición resolutoria en garantía de precio aplazado, de estricta y restringida interpretación pues se trata de una norma excepcional frente al principio general que consagra el artículo 82 de la Ley Hipotecaria en su párrafo primero: para cancelar es necesario el consentimiento del titular registral o resolución judicial en procedimiento en que se haya dado audiencia al mismo (artículos 24 de la Constitución y 20 y 82 de la Ley Hipotecaria).

Consecuencia de todo ello es que, ni el artículo 82, párrafo quinto, de la Ley Hipotecaria, ni el artículo 177 del Reglamento Hipotecario, son aplicables a las condiciones resolutorias en garantía de obligaciones distintas a la del pago del precio. En la nueva redacción del artículo 210, y en concreto, en su regla Octava, párrafo segundo, se establece que «las inscripciones de hipotecas, condiciones resolutorias y cualesquiera otras formas de garantía con efectos reales, cuando no conste en el Registro la fecha en que debió producirse el pago íntegro de la obligación garantizada, podrán igualmente cancelarse a instancia de cualquier interesado cuando hayan transcurrido veinte años desde la fecha del último asiento en que conste la reclamación de la obligación garantizada o, en su defecto, cuarenta años desde el último asiento relativo a la titularidad de la propia garantía».

El artículo 210 de la Ley Hipotecaria no se fundamenta directamente en la institución de la prescripción de las acciones, sino que fija unos plazos propios, cuyo cómputo es estrictamente registral, con lo que más bien está regulando un auténtico régimen de caducidad de los asientos, al exigir que «hayan transcurrido veinte años desde la fecha del último asiento en que conste la reclamación de la obligación garantizada o, en su defecto, cuarenta años desde el último asiento relativo a la titularidad de la propia garantía». El artículo 210, regla octava, de la Ley Hipotecaria se aplicará a las inscripciones de hipotecas, condiciones resolutorias y cualesquiera otras formas de garantía con efectos reales, cuando no conste en el Registro la fecha en que debió producirse el pago íntegro de la obligación garantizada (lo que no ocurre en el presente caso ya que dicha fecha no es otra que la fecha del fallecimiento del titular), cuando hayan transcurrido veinte años desde la fecha del último asiento en que conste la reclamación de la obligación garantizada o, en su defecto, cuarenta años desde el último asiento relativo a la titularidad de la propia garantía. No cabe, por tanto en el presente caso, la cancelación de la condición resolutoria sin el consentimiento del titular registral o de sus herederos, o en su defecto, resolución judicial que así lo ordene conforme al artículo 82, párrafo primero, de la Ley Hipotecaria.

miércoles, 5 de diciembre de 2018

Es inscribible la división de un edificio cuya descripción se rectifica sin que haya necesidad de una declaración de obra nueva específica.


Resolución de la DGRN 17 de noviembre de 2018: Se discute si es inscribible una escritura de división horizontal de un edificio en cuatro viviendas y dos locales, en la que previamente se rectifica la superficie del solar y del edificio, exigiendo el registrador  la declaración de modificación de la obra nueva inscrita, y por tanto que se cumplan los requisitos legales de licencia de obra, certificado del técnico, licencia de primera ocupación, libro del edificio y georreferenciación.
 
Resultado de imagen de azulejos sevillanosLa falta de una declaración de modificación de la obra nueva inscrita, previa a la división pretendida no puede mantenerse. Es doctrina reiterada de esta Dirección General que «respecto del aumento de superficie construida y número de plantas, lo que se exige legalmente para su constancia registral es que tal aumento conste declarado por su propietario con el cumplimiento de los requisitos urbanísticos en cada caso exigibles.  La escritura pública no es el único título formal en el que puede declararse la existencia de edificaciones para su constancia registral, sino que basta que se hagan constar «en los títulos referentes al inmueble, sin perjuicio de la exigencia de cumplimiento de los demás requisitos exigidos en cada caso por la Ley de Suelo y en su caso, por la Ley de Ordenación de la Edificación. Por tanto para la declaración o modificación de una construcción basta que se haga constar la misma «en los títulos referentes al inmueble», tal y como prevé el artículo 202, sin que sea exigible un título o declaración específica como exige el registrador en su calificación.

No puede compartirse la tesis del registrador  de que un «edificio destinado a casa, cuadra y picadero, hoy casa con cochera y patio» no pueda dividirse en cuatro viviendas y dos locales comerciales, toda vez que resultan cumplidos todos los requisitos urbanísticos para la rectificación de la superficie construida, siendo la nueva descripción de la edificación, incluyendo los elementos de la división horizontal a que se refiere el título, coincidente con el certificado técnico que se incorpora.

La inscripción de la obra por la vía del apartado 4 del artículo 28 en nada merma las posibilidades de actuación del Ayuntamiento para, si fuera procedente, revisar su propia actuación anterior e incoar el expediente que en su caso proceda, dado, por un lado, que el Registro no sana las infracciones urbanísticas que hayan podido ser cometidas y, por otro, la posibilidad de que el Ayuntamiento, al que habrá de ser notificada la inscripción que se practique en los términos previstos por el artículo 28.4.b) y.c) de la Ley de Suelo, interese la práctica de anotación preventiva a través de la cual acceda al Registro el expediente que, en su caso, pueda incoar. De hecho, la inscripción de la obra nueva reforzará la posibilidad de control de su adecuación a la legalidad urbanística, en la medida en que, de conformidad con lo previsto en el artículo 65.3 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aquella habrá de ser notificada por el registrador a la Consejería competente, la cual podrá iniciar actuaciones de revisión de la actuación municipal. Adicionalmente, el referido artículo 65.3 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana también impone al registrador la obligación de notificar a la Comunidad Autónoma competente la inscripción de la constitución de regímenes de propiedad horizontal con los datos resultantes del Registro.Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación del registrador.