Ley
26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia.
La ley tiene como objeto introducir los cambios necesarios
en la legislación española de protección a la infancia y a la adolescencia que
permitan continuar garantizando a los menores una protección uniforme en todo
el territorio del Estado y que constituya una referencia para las comunidades
autónomas en el desarrollo de su respectiva legislación en la materia.
A)Las modificaciones de la Ley Orgánica de Protección Jurídica
del Menor se refieren, básicamente, a la adaptación de los principios de
actuación administrativa a las nuevas necesidades que presenta la infancia y la
adolescencia en España, tales como la situación de los menores extranjeros, los
que son víctimas de violencia y la regulación de determinados derechos y
deberes. Se introduce una mención
expresa a la alfabetización digital y mediática, como herramienta
imprescindible para que los menores puedan desarrollar su pensamiento crítico y
tomar parte activa en una sociedad participativa. Desde la concepción de los menores como
ciudadanos, se les reconoce como corresponsables de las sociedades en las que
participan y, por tanto, no solo titulares de derechos sino también de deberes en
los ámbitos familiar, escolar y social en particular. Se refuerzan las medidas
para facilitar el ejercicio de los derechos de los menores y se establece un
marco regulador adecuado de los relativos a los menores extranjeros,
reconociendo, respecto de los que se encuentren en España y con independencia
de su situación administrativa, sus derechos a la educación, a la asistencia
sanitaria y a los servicios sociales. Se reconoce el derecho a obtener la
preceptiva documentación de residencia a todos los menores extranjeros que
estén tutelados por las Entidades Públicas una vez que haya quedado acreditada
la imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen.
Se introduce
como principio rector de la actuación administrativa la protección de los
menores contra cualquier forma de violencia, incluida la producida en su
entorno familiar, de género, la trata y el tráfico de seres humanos y la
mutilación genital femenina, entre otras. En estrecha relación con lo anterior se
garantiza el apoyo necesario para que los menores bajo la patria potestad,
tutela, guarda o acogimiento de una víctima de violencia de género o doméstica
puedan permanecer con la misma. Asimismo, se introduce la presunción de minoría
de edad de una persona cuya mayoría de edad no haya podido establecerse con
seguridad, hasta que se determine finalmente la misma.
Se establece el deber que tienen todas las personas que
tuvieran noticia de un hecho que pudiera constituir un delito contra la
libertad e indemnidad sexual, de trata de seres humanos o de explotación de
menores, de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Se establece,
además, como requisito para poder acceder y ejercer una profesión o actividad
que implique contacto habitual con menores, no haber sido condenado por delitos
contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos o explotación de
menores, dando con ello cumplimiento a los compromisos asumidos por España al
ratificar el Convenio relativo a la Protección de los Niños contra la
explotación y abuso sexual, de 25 de octubre de 2007, y a la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo 2011/93/UE, de 13 de diciembre de 2011, relativa
a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y
la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI
del Consejo.
Directamente relacionado con lo anterior y a los efectos de
prevención, se crea, dentro del sistema de registros administrativos de apoyo a
la Administración de Justicia, el Registro Central de Delincuentes Sexuales que
contendrá la identidad de los condenados por delitos contra la libertad e
indemnidad sexual, trata de seres humanos, o explotación de menores, e
información sobre su perfil genético de ADN. Con ello se pretende hacer posible
un seguimiento y control de las personas condenadas por estos delitos no solo
en España sino también en otros países.
De acuerdo a los principios mencionados anteriormente, se
opera la reforma de las instituciones de protección a la infancia y a la
adolescencia, y se establece una regulación estatal más completa de las
situaciones de riesgo y de desamparo. Especial relevancia se otorga a la intervención en las
situaciones de posible riesgo prenatal a los efectos de evitar con
posterioridad una eventual declaración de situación de riesgo o desamparo del
recién nacido. También se prevé una solución para los casos de atención
sanitaria necesaria para el menor no consentida por sus progenitores u otros
responsables legales, que conlleva también la modificación de la Ley de la
Autonomía del Paciente.
Por primera vez se establece
como causa de desamparo el consumo habitual de sustancias con potencial
adictivo por parte de progenitores, tutores o guardadores, Además, se regula por
vez primera la competencia de las Entidades Públicas respecto a la protección
de los menores españoles en situación de desprotección en un país extranjero y
el procedimiento a seguir en caso de traslado de un menor protegido desde una
Comunidad Autónoma a otra distinta, cuestiones que no estaban contempladas
hasta el momento.
B) Las principales modificaciones del código Civil están
referidas al sistema español de protección de menores .Se reforman, en primer
lugar, las normas de Derecho internacional privado, en concreto los apartados
4, 6 y 7 del artículo 9, normas de conflicto relativas a la ley aplicable a la
filiación, a la protección de menores y mayores y a las obligaciones de
alimentos. Se introduce un nuevo apartado en el artículo 19 para prever el
reconocimiento, por parte del ordenamiento jurídico español, de la doble
nacionalidad en supuestos de adopción internacional, en los cuales la
legislación del país de origen del menor adoptado prevé la conservación de su
nacionalidad de origen. Por otra parte, se modifican las normas sobre acciones
de filiación. La regulación que se propone responde a que el primer párrafo del
artículo 133 ha sido declarado inconstitucional, en cuanto impide al progenitor
no matrimonial la reclamación de la filiación en los casos de inexistencia de
posesión de estado (sentencias del Tribunal Constitucional número 273/2005, de
27 de octubre de 2005, y número 52/2006, de 16 de febrero).
En parecidos términos ha sido declarado inconstitucional el
primer párrafo del artículo 136, en cuanto comporta que el plazo para el
ejercicio de la acción de impugnación de la paternidad matrimonial empiece a
correr aunque el marido ignore no ser el progenitor biológico de quien ha sido
inscrito como hijo suyo en el Registro Civil (sentencias del Tribunal
Constitucional 138/2005, de 26 de mayo de 2005 y 156/2005, de 9 de junio de
2005), siendo ésta la principal razón de la reforma que se propone. Se completa
el cuadro de reformas en este punto con las recogidas en los artículos 137, 138
y 140 del código Civil.
Se opera una modificación del artículo 158 del código Civil,
partiendo del principio de agilidad e inmediatez aplicables a los incidentes
cautelares que afecten a menores, para evitar perjuicios innecesarios que
puedan derivarse de rigideces o encorsetamientos procesales, permitiendo
adoptar mecanismos protectores, tanto respecto al menor víctima de los malos
tratos como en relación con los que, sin ser víctimas, puedan encontrarse en
situación de riesgo. Con la modificación del artículo 158 se posibilita la
adopción de nuevas medidas, prohibición de aproximación y de comunicación, en
las relaciones paterno-filiales.
El artículo 160 amplía el derecho del menor a relacionarse
con sus parientes incluyendo expresamente a los hermanos.
En relación con la regulación del régimen de visitas y
comunicaciones, con la modificación efectuada en el artículo 161, se aclara la
competencia de la Entidad Pública para establecer por resolución motivada el
régimen de visitas y comunicaciones respecto a los menores en situación de
tutela o guarda, así como su suspensión temporal, informando de ello al
Ministerio Fiscal. Debe tenerse en cuenta que el reconocimiento internacional
del derecho del niño a mantener contacto directo y regular con ambos
progenitores, salvo que ello sea contrario a su superior interés (artículo 9.3
de la Convención de Derechos del Niño), se extiende también a los menores separados
de su familia por la Entidad Pública.
En relación con la regulación del desamparo, y además de lo
previsto en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor
ya citado, el anterior artículo 172 del código Civil se desdobla en tres artículos
al objeto de separar la regulación de las situaciones de desamparo (artículo
172), de la guarda a solicitud de los progenitores o tutores (artículo 172 bis)
y de las medidas de la intervención en ambos supuestos (artículo 172 ter)
mediante el acogimiento residencial y familiar.
En relación con el artículo 172 se mantiene la legitimación
de los progenitores para promover la revocación de la resolución administrativa
de desamparo y para oponerse a las decisiones que se adopten respecto a la
protección del menor durante el plazo de dos años desde la notificación,
añadiéndose que transcurridos esos dos años únicamente estará legitimado el
Ministerio Fiscal para impugnar las resoluciones que sobre el menor dicte la
Entidad Pública. Por otra parte, se señala que durante ese periodo de dos años
las Entidades Públicas, ponderando la situación, podrán adoptar cualquier
medida de protección que consideren necesaria, incluida la propuesta de
adopción, cuando exista un pronóstico de irreversibilidad.
En este mismo artículo se establece la posibilidad de asumir
la guarda provisional sin declaración previa de desamparo ni solicitud expresa
de los progenitores, mientras tienen lugar las diligencias precisas para la
identificación del menor, la investigación de sus circunstancias y la
constatación de la situación real de desamparo. La guarda provisional, aunque
imprescindible para atender situaciones de urgencia, debe tener límites
temporales pues en otro caso podrían generarse situaciones de inseguridad
jurídica. Por ello, se prevén las obligaciones de las Entidades y el papel a
desempeñar por el Ministerio Fiscal, como superior vigilante de la actuación
administrativa. Además, se prevén nuevos supuestos de cese de la tutela
administrativa que responden a la creciente movilidad de algunos menores
protegidos.
En relación con la guarda voluntaria, en estrecha conexión
con el artículo 19 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, en el
artículo 172 bis se establece que la guarda a petición de los progenitores no
podrá sobrepasar el plazo máximo de dos años, salvo prórroga por concurrir
circunstancias excepcionales, transcurrido el cual, o la prórroga, el menor
debe regresar con sus progenitores o tutores o ser dictada una nueva medida de
protección permanente.
En el artículo 172 ter se recoge la prioridad del
acogimiento familiar respecto al residencial, y se regula también la
posibilidad de acordar, por las Entidades Públicas, estancias, salidas de fin
de semana o vacaciones con familias, de origen o alternativas, o instituciones
adecuadas para los menores en acogimiento y se establece la posibilidad de que,
en los casos de desamparo o guarda a petición de los progenitores, la Entidad
Pública pueda fijar una cantidad a abonar por los progenitores o tutores en concepto
de alimentos y gastos de cuidado y atención del menor.
Tras algunas leves modificaciones en el artículo 173, el
artículo 173 bis redefine las modalidades de acogimiento familiar en función de
su duración. Se suprime el acogimiento provisional, que ya no será necesario
ante la simplificación del acogimiento familiar, así como el acogimiento
preadoptivo que, en definitiva, es actualmente una fase del procedimiento de
adopción. Con ello se introduce claridad en los verdaderos supuestos de
acogimiento familiar, que quedarán concretados en acogimiento de urgencia,
acogimiento temporal (hasta ahora denominado simple), con una duración máxima
de dos años, salvo que el interés superior del menor aconseje una prórroga, y
acogimiento permanente.
Las altas funciones que se encomiendan al Ministerio Fiscal,
como superior vigilante de la actuación administrativa en protección de
menores, deben verse acompañadas de los suficientes medios a fin de que pueda
ejercerlas de manera efectiva, evitando que sus esfuerzos queden limitados a un
simple voluntarismo carente de operatividad práctica o que su actuación sea
meramente simbólica. A tales efectos, expresamente se le asigna la posibilidad
de solicitar informes adicionales a los presentados por la Entidad Pública.
En el artículo 175 y en relación con la capacidad de los
adoptantes, se establece la incapacidad para adoptar de aquellos que no
pudieran ser tutores, y, además de la previsión sobre la diferencia de edad
mínima entre adoptante y adoptado, se establece también una diferencia de edad
máxima para evitar que las discrepancias que existen en la normativa autonómica
sobre edades máximas en la idoneidad, provoquen distorsiones no deseables.
Por otra parte, se incorpora al artículo 176 una definición
de la idoneidad para adoptar a fin de fortalecer la seguridad jurídica, y se
incluye expresamente una previsión en función de la cual no podrán ser
declarados idóneos para la adopción los progenitores que se encuentren privados
de la patria potestad o tengan suspendido su ejercicio, o hayan confiado la
guarda de su hijo a una Entidad Pública. En relación con la actuación de la
Entidad Pública en el procedimiento judicial de adopción, se producen dos
importantes novedades. En primer lugar, se exige que la declaración de idoneidad
de los adoptantes sea necesariamente previa a la propuesta de adopción que la
Entidad Pública formula al Juez, cuestión que no estaba claramente establecida;
y, en segundo lugar, se modifican los supuestos en los que no es preceptiva la
propuesta previa de la Entidad Pública de protección de menores para iniciar el
expediente judicial de adopción.
Se introduce un artículo 176 bis que regula «ex novo» la
guarda con fines de adopción. Esta previsión legal permitirá que, con
anterioridad a que la Entidad Pública formule la correspondiente propuesta al
Juez para la constitución de la adopción, pueda iniciarse la convivencia
provisional entre el menor y las personas consideradas idóneas para tal
adopción hasta que se dicte la oportuna resolución judicial, con el fin de
evitar que el menor tenga que permanecer durante ese tiempo en un centro de
protección o con otra familia. Esto podrá tener lugar mediante la
correspondiente delegación de guarda de la Entidad Pública.
En relación con el procedimiento de adopción, el artículo
177 añade, entre quienes deben asentir a la adopción, a la persona a la que
esté unida por análoga relación de afectividad a la conyugal. Por otra parte,
con el fin de dar coherencia al sistema, se señala que, sin perjuicio del
derecho a ser oídos, no será necesario el asentimiento de los progenitores para
la adopción cuando hubieran transcurrido dos años sin ejercitar acciones de
revocación de la situación de desamparo o cuando habiéndose ejercitado, éstas
hubieran sido desestimadas. Igualmente se establece, en este artículo, que el
asentimiento de la madre no podrá prestarse hasta que hayan transcurrido 6
semanas desde el parto, en lugar de los 30 días ahora vigentes, dando así
cumplimiento a lo dispuesto en el Convenio Europeo de Adopción hecho en
Estrasburgo el 27 de noviembre de 2008 y ratificado por España.
En el artículo 178 se incluye, como una importante novedad,
la posibilidad de que, a pesar de que al constituirse la adopción se extingan
los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia de procedencia, pueda
mantenerse con algún miembro de ella alguna forma de relación o contacto a
través de visitas o de comunicaciones, lo que podría denominarse como adopción
abierta. Para ello será necesario que en la resolución de constitución de la
adopción así se acuerde por el Juez, a propuesta de la Entidad Pública, previa
valoración positiva en interés del menor por parte de los profesionales de esa
Entidad Pública, y consentido por la familia adoptiva y el menor que tenga
suficiente madurez y, en todo caso, si tuviera más de doce años. Los
profesionales de la Entidad Pública deberán apoyar a las partes y participar en
el seguimiento de esa relación, informando sobre la conveniencia o no de su
permanencia en el tiempo, a partir de una valoración de los resultados y
consecuencias que la misma tenga para el menor, como prioridad absoluta, más
allá del interés que pueda suponer para los adoptantes y su familia de origen.
Se trata de una figura establecida con diferente amplitud y
contenido en la legislación de diversos países, tales como los Estados Unidos
de América, Gran Bretaña, Austria, Canadá o Nueva Zelanda. En unos casos está
configurada como «un acuerdo privado entre las partes», con supervisión y apoyo
de las Entidades Públicas, y en otros debe ser confirmado por un Juez, a quien
correspondería la decisión sobre su posible modificación o finalización, como
es el modelo que se incluye en esta ley.
La oportunidad de introducir esta figura en nuestro
ordenamiento jurídico obedece a la búsqueda de alternativas consensuadas,
familiares y permanentes que permitan dotar de estabilidad familiar a algunos
menores, especialmente los más mayores, cuya adopción presenta más
dificultades. A través de la adopción abierta, se flexibiliza la institución de
la adopción, posibilitando que la familia de origen acepte mejor la «pérdida»,
y que el menor pueda beneficiarse de una vida estable en su familia adoptante,
manteniendo vínculos con la familia de la que proviene, en especial con sus
hermanos, y con la que, en muchos casos, ha mantenido relación durante el
acogimiento, relación que aunque no estuviera formalizada continúa por la vía
de hecho.
El artículo 180 refuerza el derecho de acceso a los orígenes
de las personas adoptadas, obligando a las Entidades Públicas a garantizarlo y
mantener la información durante el plazo previsto en el Convenio Europeo de
Adopción, y al resto de entidades a colaborar con las primeras y con el
Ministerio Fiscal.
El artículo 216 contiene la limitación de la legitimación
activa para solicitar las medidas y disposiciones previstas en el artículo 158
del código Civil, en el caso de los menores que estén bajo la tutela de la
Entidad Pública, a instancia de esta, del Ministerio Fiscal o del propio menor.
Se introducen las oportunas modificaciones en la regulación
de la tutela ordinaria de menores y personas con la capacidad modificada
judicialmente en situación de desamparo prevista en los artículos 239 y 239
bis. Por otra parte, en el artículo 303 se incluye la posibilidad de otorgar
judicialmente facultades tutelares a los guardadores de hecho. Se establecen
además los supuestos de guarda de hecho que deben motivar la declaración de
desamparo y los supuestos ante los que ha de procederse a la privación de la
patria potestad o nombramiento de tutor.
Finalmente, se da una nueva redacción a los artículos 1263 y
1264 en relación a la prestación del consentimiento de los menores en
determinados ámbitos.
C) Las modificaciones que se proponen a la Ley de Adopción
Internacional responden a varias necesidades. Por una parte, se clarifica el
ámbito de aplicación de la ley que, en su redacción inicial, solo aludía al
contenido de los títulos II y III, obviando el título I, y se define el
concepto de adopción internacional a los efectos de la misma como lo hace el
Convenio de La Haya de 1993, toda vez que con la definición que aparecía en el
apartado 2 del artículo 1, las previsiones del título I no eran aplicables a
muchos de los casos de adopciones internacionales sin desplazamiento
internacional de los menores, habiéndose generado confusión en situaciones
concretas.
Se deslindan las competencias de las diversas
Administraciones Públicas. Así, se determinan como competencias de la
Administración General del Estado, por afectar a la política exterior, la
decisión de iniciar, suspender o limitar la tramitación de adopciones con
determinados países, así como la acreditación de los organismos para actuar
como intermediarios en las adopciones internacionales, en terminología del Convenio
de La Haya, referido a las antes denominadas entidades colaboradoras de
adopción internacional, sin perjuicio de la necesaria intervención de las
Entidades Públicas de las Comunidades Autónomas.
Por otra parte, se mantiene la competencia autonómica para
el control, inspección y seguimiento de los organismos acreditados en cuanto a
sus actuaciones en su territorio pero se prevé que la Administración General
del Estado sea la competente para el control y seguimiento respecto a la
intermediación que el organismo acreditado lleva a cabo en el extranjero.
Se subraya el interés superior del menor como consideración
fundamental en la adopción y se define a los futuros adoptantes, no como
solicitantes, sino como personas que se ofrecen para la adopción. Siguiendo la
terminología del Convenio de La Haya, las Entidades colaboradoras de adopción
internacional pasan a denominarse organismos acreditados para la adopción
internacional.
Además, se refuerzan las previsiones de garantía de las
adopciones internacionales señalando que solo podrán realizarse a través de la
intermediación de organismos acreditados y en los casos de países signatarios
del Convenio de La Haya y con determinadas condiciones por la intermediación de
las Entidades Públicas. Se refuerzan en los artículos 4, 6 y 26 los controles
sobre los beneficios financieros indebidos.
Se detallan con mayor claridad en el artículo 11 las
obligaciones de los adoptantes, tanto en la fase preadoptiva, dado que la
información y formación previa es la mayor garantía para el éxito de las
adopciones, como en la fase postadoptiva mediante el establecimiento de
consecuencias jurídicas del incumplimiento de las obligaciones postadoptivas a
las que los progenitores y las Administraciones Públicas están obligadas respecto
de los países de origen de los menores.
Se introducen importantes modificaciones en las normas de
Derecho internacional privado que básicamente responden a las siguientes
cuestiones: suprimir las referencias a la modificación y revisión de la
adopción, figuras jurídicas inexistentes en nuestro Derecho (artículo 15);
mejorar la regulación de la adopción consular circunscribiéndola a los
supuestos en los que no se precisa propuesta de la Entidad Pública (artículo
17); establecer la imposibilidad de constituir adopciones de menores cuya ley
nacional las prohíba, con alguna matización, para evitar la existencia de
adopciones claudicantes que atentan gravemente a la seguridad jurídica del
menor (artículo 19.4); modificar los presupuestos de reconocimiento de
adopciones constituidas por autoridades extranjeras, reformulando el control de
la competencia internacional de la autoridad extranjera a través de la
determinación de los vínculos razonables con el Estado extranjero cuyas
autoridades la han constituido, lo cual puede valorarse a través de la bilateralización
de las normas españolas de competencia previstas en los artículos 14 y 15 de la
ley, lo que permite a la autoridad que reconoce realizar su función sin tener
que acudir a una compleja e innecesaria prueba de derecho extranjero. Por otra
parte, se sustituye el presupuesto del control de la ley aplicada o aplicable,
ajeno al sistema español de reconocimiento de decisiones y resoluciones
extranjeras, por el de la no contrariedad de la adopción constituida en el
extranjero con el orden público español, concretando este concepto jurídico
indeterminado en los casos de adopciones en las que el consentimiento de la
familia de origen no ha existido, no ha sido informado o se ha obtenido
mediante precio, para evitar que en este ámbito de la adopción internacional se
produzcan supuestos de «niños robados».
Finalmente, se modifica el artículo 24 para regular la
cooperación internacional de autoridades en los casos de adopciones realizadas
por adoptante español y residente en el país de origen del adoptado.
D) Se modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil a fin de reforzar
la tutela judicial efectiva en defensa de los derechos e intereses de los
menores, introduciendo mejoras en los procedimientos ya existentes, orientadas
a hacerlos más efectivos y aclarando puntos que en la práctica han generado
interpretaciones contradictorias.
Con el fin de fortalecer el principio de celeridad, vital en
los procesos en los que se resuelve sobre intereses de menores y con el objeto
de evitar resoluciones contradictorias, se introducen disposiciones, en línea
con las previsiones de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, para
promover la acumulación cuando existieran varios procesos de impugnación de
resoluciones administrativas en materia de protección en curso que afecten a un
mismo menor.
Por ello, se introduce en el artículo 780 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil la regla general de la acumulación de procesos y se
introduce una previsión especial en el artículo 76, para determinar que, con
carácter general, todos los procesos de oposición a resoluciones
administrativas que se sigan respecto de un mismo menor de edad se acumulen al
más antiguo de ellos y sean seguidos y resueltos, con la debida economía
procesal, por el mismo juzgado. Ello se garantiza previendo que la acumulación
sea promovida, incluso de oficio, por el juzgado que tenga conocimiento de la
existencia de un segundo o posterior proceso.
La necesidad de clarificar aspectos procesales de la
protección de la infancia y la adolescencia se pone de manifiesto en el régimen
actual de ejecución provisional de las sentencias dictadas en los procesos de
oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de
menores. Aunque la interpretación generalizada del artículo 525 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil viene conduciendo a la imposibilidad de ejecución
provisional de esta clase de sentencias y, en particular, de las dictadas como
consecuencia de un proceso de los previstos por el artículo 780 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, lo cierto es que el tenor literal del apartado 1.º del
citado artículo 525 no se refiere clara y expresamente a las mismas.
Se introduce, en consecuencia, de forma expresa, clara y
terminante en este artículo la prohibición de ejecución provisional de las
sentencias que se dicten en los procesos de oposición a las resoluciones
administrativas en materia de protección de menores, con el fin de evitar los
perjuicios que para el menor de edad supondría la revocación de una sentencia
de esta naturaleza que se estuviera ejecutando provisionalmente. Cuando la
sentencia dictada en primera instancia decide revocar una medida de protección
y la Entidad Pública o el Ministerio Fiscal recurren, el interés superior del
menor exige que no se modifique su estatus hasta que la cuestión no sea
resuelta en segunda instancia, pues otro proceder podría lesionar gravemente
sus derechos y perturbar la necesaria estabilidad en sus relaciones familiares.
Ello justifica sobradamente la expresa previsión de la exclusión de la
ejecución provisional de este tipo de sentencias.
Por otra parte, en los artículos 779 y 780, además de
incluir las adaptaciones terminológicas necesarias en coherencia con la Ley
Orgánica de Protección Jurídica del Menor, se unifica el plazo a dos meses para
formular oposición respecto a todas las resoluciones administrativas en materia
de protección de menores, eliminando la diferenciación que se hacía respecto a
las declaraciones de desamparo. Se establece un mismo procedimiento para la oposición a
todas las resoluciones administrativas, con independencia de su contenido o de
las personas afectadas, ampliándose la legitimación activa. Y, finalmente, con la reforma del artículo 781 se concentran
en un solo procedimiento los supuestos en los que durante la tramitación del
expediente de adopción los progenitores del adoptando pretendieran que se les reconociera la
necesidad de otorgar su asentimiento a la adopción, con la finalidad de dar
unidad de actuación a tales pretensiones, lo que repercutirá en una agilización
del procedimiento.
En la disposición final primera se modifica la Ley de
Jurisdicción Contencioso-administrativa. La atribución de la competencia para
la autorización de entrada en domicilio para la ejecución de una resolución
administrativa en materia de protección de menores al Juzgado de Primera
Instancia y no a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, como hasta
ahora, hace necesaria la modificación de las competencias atribuidas a los
mismos en la citada ley.
E) La Ley de la Autonomía del Paciente es reformada en la
disposición final segunda incorporando los criterios recogidos en la Circular
1/2012 de la Fiscalía General del Estado sobre el tratamiento sustantivo y
procesal de los conflictos ante transfusiones de sangre y otras intervenciones
médicas sobre menores de edad en caso de riesgo grave. Esta Circular postula en
sus conclusiones la necesaria introducción del criterio subjetivo de madurez
del menor junto al objetivo, basado en la edad. Este criterio mixto es asumido
en el texto legal.Se introduce, para mayor claridad, un nuevo apartado 4 en el
artículo 9 referido a los menores emancipados o mayores de 16 años en relación
a los cuales no cabe otorgar el consentimiento por representación, salvo cuando
se trate de una actuación de grave riesgo para la vida o salud.
F) La disposición final tercera modifica el Estatuto de los
Trabajadores cuyo artículo 37, apartado 3.f), prevé el permiso de la
trabajadora «por el tiempo indispensable para la realización de exámenes
prenatales y técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la
jornada de trabajo». Este artículo sólo tiene en cuenta la maternidad biológica
y no la maternidad/paternidad adoptiva y, en algunos casos, el acogimiento
familiar. Las familias adoptantes, guardadoras con fines de adopción y
acogedoras, en algunas comunidades autónomas, deben acudir obligatoriamente a
unas sesiones informativas y a una preparación, y en el caso de la adopción
deben obtener preceptivamente un certificado de idoneidad tras un estudio
psicosocial que en ocasiones supone más de cinco entrevistas. Estas exigencias
legales podrían considerarse propiamente una preparación para la adopción y
deberían, por tanto, contemplarse normativamente como permisos retribuidos, ya
que son obligatorias para todas las familias adoptantes, a diferencia de la
preparación al parto, que no lo es. Además, en estos casos, ambos progenitores
deben acudir a la preparación y a las entrevistas, en contraste con los
exámenes prenatales y las técnicas de preparación al parto, a los que solo es
estrictamente necesario que acuda la madre. Por todo ello, esta modificación
equipara a las familias adoptantes o acogedoras a las biológicas.
H) Las disposiciones finales sexta y séptima introducen sendas
modificaciones de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y de la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa,
para revisar los criterios de asignación de plaza escolar con vistas a tener en
cuenta la condición legal de familia numerosa y situación de acogimiento
familiar del alumno o la alumna, así como incrementar la reserva de plazas en
los centros educativos para casos del inicio de una medida de acogimiento
familiar en el alumno o la alumna.
I) La disposición final octava modifica la Ley 43/2006, de 29
de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, como consecuencia de
la necesidad de protección de las personas que hayan sido víctimas de trata de
seres humanos.
J) La disposición final novena modifica la Ley 39/2006, de 14
de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia para que las prestaciones económicas no puedan ser
embargadas salvo en el caso del pago de alimentos, en los que será el tribunal
el que fijará la cantidad que pueda ser objeto de embargo. De este modo se
preserva el interés del menor, al que la persona en situación de dependencia
pudiera deber alimentos.
K) Por su transcendencia e importancia merecen ser destacadas
las disposiciones finales décima a decimocuarta que introducen modificaciones
en la Ley General de la Seguridad Social, la Ley de Clases Pasivas del Estado,
la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley reguladora de la Jurisdicción
Social, con el fin de regular las consecuencias del delito de homicidio doloso
en el ámbito de las prestaciones de muerte y supervivencia del sistema de la
Seguridad Social y en favor de familiares del Régimen de Clases Pasivas del
Estado, desde una perspectiva global que refuerza la lucha contra la violencia
de género y garantiza los derechos de los colectivos más vulnerables,
singularmente de los menores.
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