A pesar de las modificaciones efectuadas hasta la fecha en
la Ley General Tributaria, puede afirmarse que su adaptación al actual sistema
tributario y al conjunto del ordenamiento español desarrollado a partir de la
Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 resultaba insuficiente. Desde
la promulgación de la Constitución estaba pendiente una revisión en profundidad
de la citada ley para adecuarla a los principios constitucionales, y eliminar
definitivamente algunas referencias preconstitucionales sin encaje en nuestro
ordenamiento actual.
En definitiva, el carácter preconstitucional de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, la necesidad de regular los
procedimientos de gestión tributaria actualmente utilizados, la excesiva
dispersión de la normativa tributaria, la conveniencia de adecuar el
funcionamiento de la Administración a las nuevas tecnologías y la necesidad de
reducir la conflictividad en materia tributaria aconsejaban abordar
definitivamente la promulgación de una nueva Ley General Tributaria.
Los principales objetivos que pretende conseguir la Ley
General Tributaria son los siguientes: reforzar las garantías de los
contribuyentes y la seguridad jurídica, impulsar la unificación de criterios en
la actuación administrativa, posibilitar la utilización de las nuevas
tecnologías y modernizar los procedimientos tributarios, establecer mecanismos
que refuercen la lucha contra el fraude, el control tributario y el cobro de las
deudas tributarias y disminuir los niveles actuales de litigiosidad en materia
tributaria.
Además de las modificaciones necesarias para la comentada
adecuación de la norma al contexto actual de nuestro sistema tributario, la
nueva ley supone también una notable mejora técnica en la sistematización del
derecho tributario general, así como un importante esfuerzo codificador.
