LOS PACTOS PARASOCIALES Y LOS PROTOCOLOS FAMILIARES

Los pactos parasociales son documentos que se pueden formalizar ante Notario para garantizar su eficacia ejecutiva entre los socios de una empresa. En ellos se determinan condiciones que se establecen en su relación como socios, la forma en que se dirigirá la sociedad o cómo se tomarán las decisiones en sus órganos societarios. Así, los pactos parasociales son pactos que no forman parte ni de la escritura de la sociedad ni de los estatutos sociales.

Una de las modalidades más conocidas del pacto parasocial es el protocolo familiar, que son pactos parasociales en relación con sociedades familiares, sobre todo cuando el capital social pertenece a varias ramas de una misma familia o cuando el fundador de una empresa quiere regular el tránsito adecuado de la empresa a las siguientes generaciones. El protocolo familiar tiene un origen anglosajón y  es definido –a los efectos de su acceso al Registro Mercantil– por el Real Decreto 171/2007, de 9 de febrero, como «aquel conjunto de pactos suscritos por los socios entre sí o con terceros con los que guardan vínculos familiares que afectan una sociedad no cotizada, en la que tengan un interés común en orden a lograr un modelo de comunicación y consenso en la toma de decisiones para regular las relaciones entre familia, propiedad y empresa que afectan a la entidad».

FUNDAMENTO: El fundamento del protocolo familiar es la autonomía de la voluntad, si bien debe respetar las disposiciones legales de carácter imperativo y el orden público. La posibilidad de incluir en la escritura pactos entre socios se fundamenta en la existencia de una esfera individual del socio diferenciada de la propiamente corporativa, de manera que, en el ámbito de la primera, puede llegar a establecer vínculos obligacionales con otros socios sobre cuestiones atinentes a la compañía, sin modificar el régimen estrictamente societario y al margen de él. La posibilidad de tales pactos se encuentra reconocida de forma expresa en el vigente artículo 29 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, al disponer que «los pactos que se mantengan reservados entre los socios no serán oponibles a la sociedad». Y aunque, por su propia naturaleza, los pactos parasociales no acceden al Registro Mercantil, caben excepciones, como acontece con algunos acuerdos incluidos en los llamados protocolos familiares, que pueden tener reflejo tabular, si bien mediante su mera reseña o depósito

CONTENIDO: El protocolo familiar contiene normas y pautas que regulan la gestión de la empresa y la toma de decisiones, la cualificación profesional de las personas que deban ocupar cargos de administración y dirección de la empresa, la entrada de personas que no forman parte de la familia,  órganos propios familiares (Junta, Asamblea o Plenario Familiar o Consejo de Familia), la transición consensuada en la sucesión de la empresa familiar, el régimen de retribución y distribución de dividendos, la mediación y arbitraje societario, la política de dividendos y, la configuración de la observancia del protocolo familiar como prestación accesoria. También se suele pactar limitaciones de poder que se le otorgan al Administrador, el precio mínimo de las acciones, las cláusulas de derecho de acompañamiento por compra de acciones, las cláusulas de derecho de arrastre por ofertas de compra de la sociedad, el establecimiento de exclusividad de los socios o ejecutivos con la sociedad, sindicaciones de voto o compromisos de mantener determinados sistemas de administración. Para garantizar el cumplimiento de estos pactos se establecen cláusulas penales o, incluso, en los casos de sindicación de voto, la transmisión fiduciaria de todas las acciones o participaciones a una persona para que esta vote de forma unitaria.

Entre las normas que se pueden incluir hay reglas de representación o habilitación que pretenden dar solución a dos supuestos de hecho. El primero, el de la sociedad conyugal —no necesariamente de gananciales—, disuelta y no liquidada, ya sea o no por fallecimiento del titular y en la que el socio puede, en su caso, ser supérstite. En este supuesto se pretende prever, en estatutos, las relaciones del socio con la sociedad al no poder considerarse automática la designación de representante por no constituir una comunidad en sentido estricto. El segundo, la lícita posibilidad de designar un representante sucesorio por el causante titular de las participaciones, para facilitar el ejercicio de los derechos de socio mientras persista la comunidad hereditaria.

En el caso de consejo de administración, el poder de representación corresponde al propio consejo, que actuará colegiadamente. No obstante, los estatutos podrán atribuir, además, el poder de representación a uno o varios miembros del consejo a título individual o conjunto. Cuando el consejo, mediante acuerdo de delegación, nombre uno o varios consejeros delegados, se indicará el régimen de actuación.

Además, los estatutos podrán crear un comité consultivo. Deberá determinarse en los estatutos sociales si la competencia para el nombramiento y revocación del comité consultivo es del consejo de administración o de la junta general; su composición y requisitos para ser titular; su funcionamiento, retribución y número de miembros; la forma de adoptar acuerdos; las concretas competencias consultivas o informativas del mismo así como su específica denominación en la que se podrá añadir, entre otros adjetivos, el término ‘’familiar’’. También podrá hacerse constar en los estatutos sociales cualquier otro órgano cuya función sea meramente honorífica e incluir en ellos el correspondiente sistema de retribución de los titulares de dicho cargo.

 En el caso de que se establezcan prestaciones accesorias, los estatutos detallarán su régimen, con expresión de su contenido concreto y determinado, que podrá ser económico o en general cualquier obligación de dar, hacer y no hacer, así como el carácter gratuito o retribuido de las mismas o, en su caso, las garantías previstas en su cumplimiento. En el supuesto de que sean retribuidas, los estatutos habrán de determinar la compensación a recibir por los socios que las realicen, sin que pueda exceder en ningún caso del valor que corresponda a la prestación.» La estructuración del cumplimiento del protocolo familiar como prestación accesoria de los socios, todos o algunos, refuerza la eficacia jurídica del protocolo familiar. Y es que las acciones o participaciones vinculadas a prestaciones accesorias quedan sujetas a un régimen especial de transmisión (art. 88 TR de la LSC) y su incumplimiento es causa legal de exclusión (art. 350 TR de la LSC

El órgano de administración será el responsable de la publicación o no del mismo en atención al interés social.  La publicación del protocolo, en la web de la sociedad o en el Registro Mercantil, se ajustará en todo caso, a la normativa que sobre protección de datos personales con el consentimiento expreso de los afectados cuyos datos sean incluidos en el protocolo.

EFICACIA: A pesar de no tener fuerza legal en sentido estricto, sí tiene un importante papel como compromiso moral dentro de la familia que sus miembros se asegurarán de cumplir y hacer cumplir. Además, contribuye a romper con la idea preconcebida de que, por el mero hecho de ser hijo o nieto del socio o dirigente, naturalmente le sucederán en la dirección del negocio. El protocolo familiar puede ayudar a establecer una cultura empresarial, creando un marco de valores sólido que es básico para el éxito de una empresa familiar.

Los estatutos tienen carácter preferente sobre cualesquiera pactos parasociales, incluido el protocolo familiar. En principio las cláusulas del protocolo familiar que se opongan a lo establecido en los estatutos son nulas e inaplicables. Es necesario armonizar ambos instrumentos de manera que, manteniendo sus respectivos ámbitos de aplicación y efectos, el protocolo familiar y los estatutos sociales contengan las mismas reglas o, al menos, las reglas que establezcan no sean incompatibles.  Cualquier regla o disposición del protocolo familiar que restrinja o limite la libertad individual de los miembros del grupo familiar carece de fuerza vinculante. Por ello, también adolece de la misma inexigibilidad cualquier cláusula penal establecida para garantizar su cumplimiento. La eficacia jurídica es la propia de todo contrato y, por tanto, de acuerdo al art. 1257 del CC es relativa en cuanto que sólo produce efectos entre las partes que lo suscriben y sus herederos. Los pactos que se mantengan reservados entre los socios no serán oponibles a la sociedad.

FORMALIZACIÓN: La formalización del protocolo familiar se rige por el principio de libertad de forma de nuestro Derecho Privado, aunque en la práctica se formaliza por escrito, no precisando escritura pública. Si bien la escritura pública añade al protocolo los valores de veracidad, fehaciencia de su contenido, oponibilidad respecto de terceros, control notarial de legalidad y presunción de legalidad.

Es recomendable que el pacto parasocial esté firmado por todos los miembros de la empresa, sean socios o no. No obstante, en la práctica es frecuente que el pacto parasocial esté firmado solo por parte de los socios de la empresa. Es signo distintivo del protocolo familiar que el mismo sea suscrito por personas ligadas por vínculos de parentesco ( hermanos, hermanos y sobrinos, ascendientes y descendientes, por consanguinidad o afinidad, cónyuges, parejas de hecho). No concurren en el protocolo familiar las personas jurídicas sin perjuicio de que puedan establecer pactos para gestionar participaciones en sociedades (pactos parasociales)

PUBLICIDAD: En primer lugar, se prevé, la mera constancia de la existencia de un protocolo, con referencia a sus datos identificativos y no a su contenido, en el asiento de inscripción. El órgano de administración podrá solicitar del Registrador mercantil, mediante instancia con firma legitimada notarialmente, la constancia en la hoja abierta a la sociedad de la existencia del protocolo familiar con reseña identificativa del mismo en el cual se hará constar si el protocolo es accesible en el sitio corporativo o web de la sociedad que conste en la hoja registral.

 Si el protocolo familiar se hubiere formalizado en documento público notarial se indicará en la inscripción el Notario autorizante, lugar, fecha y numero del protocolo notarial del mismo. En ningún caso podrá ser exigida por el Registrador la presentación del mismo ni será objeto de calificación su contenido, sin perjuicio de que el Registrador deberá comprobar que es accesible en el sitio a que se refiere el apartado anterior y que no existe otro protocolo anterior, salvo que sea modificación o sustitución de éste y así lo haga constar el órgano de administración.

En segundo lugar, el órgano de administración, con ocasión de la presentación de las cuentas anuales podrá incluir entre la documentación correspondiente, copia o testimonio total o parcial del documento público en que conste el protocolo de la sociedad en cuanto documento que puede afectar al buen gobierno de la sociedad familiar, el cual será objeto de depósito junto con las cuentas anuales y de calificación por el Registrador.

En tercer lugar, cuando los acuerdos sociales inscribibles se hayan adoptado en ejecución de un protocolo familiar publicado, en la inscripción se deberá hacer mención expresa de esta circunstancia, previa su calificación por el Registrador, y así lo hará constar también la denominación de la escritura pública.

La sociedad sólo podrá publicar un único protocolo, suscrito por sus socios, si bien el mismo puede ser objeto de diversas formas de publicidad. En el supuesto de que el protocolo familiar afecte a varias sociedades, cada una de ellas podrá publicarlo en la parte que le concierna. Publicada la existencia de un protocolo no podrá reflejarse en el Registro Mercantil la constancia de otro diferente si no se expresare en la solicitud que el que pretende su acceso al registro, es una modificación o sustitución del publicado.

El órgano de administración será el responsable de la publicación o no del mismo en atención al interés social.  La publicación del protocolo, en la web de la sociedad o en el Registro Mercantil, se ajustará en todo caso, a la normativa que sobre protección de datos personales con el consentimiento expreso de los afectados cuyos datos sean incluidos en el protocolo.

Se harán constar en la inscripción los pactos y condiciones inscribibles que los socios juzguen convenientes establecer en la escritura o en los estatutos, siempre que no se opongan a las leyes ni contradigan los principios configuradores de la sociedad anónima.

En particular, podrán constar en las inscripciones:

a) Las cláusulas penales en garantía de obligaciones pactadas e inscritas, especialmente si están contenidas en protocolo familiar publicado en la forma establecida en los artículos 6 y 7 del Real Decreto por el que se regula la publicidad de los protocolos familiares.

b) El establecimiento por pacto unánime entre los socios de los criterios y sistemas para la determinación previa del valor razonable de las acciones previstos para el caso de transmisiones inter vivos o mortis causa.

c) El pacto por el que los socios se comprometen a someter a arbitraje las controversias de naturaleza societaria de los socios entre sí y de éstos con la sociedad o sus órganos.

d) El pacto que establezca la obligación de venta conjunta por los socios de las partes sociales de las sociedades que se encuentren vinculadas entre sí por poseer unidad de decisión y estar obligadas a consolidación contable.

e) La existencia de comités consultivos

TRIBUTACIÓN DE LOS EXCESOS DE ADJUDICACIÓN EN LA HERENCIA

 El exceso de adjudicación tiene lugar cuando un coheredero recibe más de lo que le correspondería de acuerdo con su cuota de participación en la comunidad hereditaria. En cuanto a su tributación hay que distinguir según sean compensado o no y ambos casos según resulten de la indivisibilidad o divisibilidad de un bien de la herencia.

 1-. Los excesos de adjudicación si existe contraprestación se consideran transmisiones patrimoniales onerosas a efectos de liquidación y pago del impuesto, por lo que el comunero al que se le adjudique el exceso, sujeto pasivo del impuesto, deberá tributar por dicho concepto, por el valor del exceso recibido. No obstante, si el exceso de adjudicación surge como consecuencia de la indivisibilidad de la cosa común en aplicación entre otros del artículo 1.062 del Código Civil, el mismo no estará sujeto a Transmisiones Patrimoniales onerosas. En estos supuestos si el documento notarial reúne los requisitos legalmente establecidos deberá tributar por Actos Jurídicos Documentados (Artículo 31.2 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre). No obstante, la sentencia del TSJ de Madrid de 30 de septiembre de 2024 considera que este exceso de adjudicación no está sujeta a la tributación gradual de AJD, ya que se entiende como parte del proceso sucesorio, y debe tributar según las normas del ISD. La adjudicación a uno de los herederos en aplicación del art. 1062 del CC es una determinada forma de partir la herencia, por lo que no se produce un acto diferente a la propia partición hereditaria

De acuerdo al art. 7.2.B) del TRITPAJD quedan no sujetos a la modalidad de TPO «los que surjan de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 821, 829, 1.056 (segundo) y 1.062 (primero) del Código Civil y Disposiciones de Derecho Foral, basadas en el mismo fundamento». Requisitos para la no sujeción:

— Debe el exceso estar fundado en indivisibilidad y ser inevitable

— Se considera como único bien indivisible la vivienda y su plaza/s de garaje y trastero/s.

— Debe dicha adjudicación realizarse a favor de uno de los herederos

— Debe dicho exceso de adjudicación ser oneroso, pudiendo consistir su pago en dinero, asunción del préstamo hipotecario o en «especie». No obstante, el pago en «especie» constituir un hecho imponible adicional en TPO como dación en pago.

Así si un inmueble pertenece pro indiviso a dos personas y se adjudica a uno de ellos, pagando al otro su parte en dinero. La mitad del inmueble que se le adjudica por el derecho que tenía en la comunidad no comporta transmisión alguna. El exceso se produce por la adjudicación de la otra mitad. Al tratarse de un bien indivisible el exceso de adjudicación no estará sujeto a Transmisiones Patrimoniales onerosas. En cuanto a la repercusión fiscal del heredero que recibe de menos se considera que ese defecto de adjudicación puede provocar un incremento de patrimonio en el IRPF.

Si el bien fuera divisible y se adjudicara a uno sólo de ellos con contraprestación al otro por su parte el exceso de adjudicación se liquidaría por Transmisiones Patrimoniales Onerosas. Para el titular del defecto de adjudicación si el exceso se concreta en un inmueble urbano o parte de él, se incidirá en IIVTNU y a un posible incremento de patrimonio en su IRPF.

Tampoco estarán sujetos a la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas los excesos de adjudicación declarados que resulten de las adjudicaciones de bienes que sean efecto patrimonial de la disolución del matrimonio o del cambio de su régimen económico, cuando sean consecuencia necesaria de la adjudicación a uno de los cónyuges de la vivienda habitual del matrimonio

2.- Si no existe contraprestación el exceso de adjudicación tributará por el Impuesto de Donaciones. En ejemplo anterior de un inmueble que pertenece a dos personas y se adjudica al otro sin contraprestación se produciría una donación de la mitad del inmueble que debe tributar por el impuesto que grava las donaciones. Si el bien fuera divisible y se adjudicara a uno sólo de ellos sin contraprestación al otro por su parte el exceso de adjudicación estaría sujeto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, concepto donaciones.

Los excesos de adjudicación declarados gratuitos suponen para el beneficiario del exceso de adjudicación una trasmisión gratuita inter vivos que tributa como donación del titular de defecto a su favor y si el exceso se concreta en un inmueble urbano o parte de él, se incidirá en IIVTNU, siendo sujeto pasivo el beneficiario del exceso. Por el contrario, el titular del defecto de adjudicación puede tener un incremento de patrimonio en su IRPF.

3.- Los excesos resultantes de una comprobación de valores: Los excesos de adjudicación resultantes de la comprobación de valores quedan sujetos a ITP solo cuando se cumplan acumulativamente los siguientes presupuestos:

— Solo se aplica en las particiones de herencia. A diferencia de los excesos de adjudicación declarados, estos excesos no pueden resultar de comprobaciones en la liquidación de la sociedad conyugal.

— Que el valor comprobado de lo adjudicado a uno de los sucesores en la partición exceda en más del 50% del valor que les correspondería en virtud del título sucesorio.

— Que los valores declarados de los bienes sean inferiores a los resultantes de la aplicación de las reglas del Impuesto sobre el Patrimonio.

Su aplicación queda circunscrita a la modalidad de TPO. No tiene este exceso proyección ni en IRPF, IIVTNU, ni en el mismo ISD.

BENEFICIOS FISCALES EN EL IMPUESTO DE SUCESIONES EN ANDALUCÍA

El Impuesto de Sucesiones y Donaciones es un tributo estatal cedido a las Comunidades Autónomas. Está regulado en la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y el Reglamento que lo desarrolla es el Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre. En Andalucía la regulación de las competencias ejercidas sobre el Impuesto se encuentra recogida para hechos imponibles realizados a partir del 1 de enero de 2022 en la Ley 5/2021, de 20 de octubre de Tributos Cedidos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La competencia territorial será de la Comunidad Autónoma Andaluza si el causante ha tenido su residencia habitual en Andalucía en los cinco años inmediatos anteriores a su fallecimiento, aunque los herederos o legatarios residan en otra comunidad autónoma o fuera de España. Hay que resaltar que la tributación del impuesto se establece en virtud de la relación de parentesco de la persona heredera o legataria, por ello, hay que tener presente la clasificación por Grupos establecida en la norma estatal, así como los supuestos de equiparaciones establecidos en Andalucía:

Grupo I. Descendientes o adoptados, menores de 21 años.

Grupo II. Descendientes o adoptados, de 21 años o más. Cónyuges, ascendientes o adoptantes.

Grupo III. Colaterales de 2ºy 3º grado por consanguinidad o afinidad. Ascendientes o descendientes por afinidad

Grupo IV. Grados de parentesco más distantes y extraños.

Equiparaciones (aplicables a efectos de establecer reducciones a la base imponible, coeficientes multiplicadores y bonificaciones).

Las parejas de hecho inscritas en Registros de Parejas de Hecho se equipararán a los cónyuges.

Las personas objeto de un acogimiento familiar permanente y guarda con fines de adopción se equipararán a los adoptados.

Las personas que realicen un acogimiento familiar permanente y guarda con fines de adopción se equipararán a los adoptantes.

Hecho Imponible: La adquisición de bienes y derechos por herencia, legado, o cualquier otro título sucesorio.

Sujeto pasivo: Los herederos y legatarios en las transmisiones mortis causa.

Constituye la base imponible del impuesto: el valor neto de la adquisición individual de cada heredero o legatario.

Reducciones autonómicas y mejoras de las reducciones estatales

Para hechos imponibles realizados a partir del 1 de enero de 2022:

1-. Mejora de la reducción de la base imponible por la adquisición «mortis causa» de la vivienda habitual.

El porcentaje de reducción en el supuesto de adquisición «mortis causa» de la vivienda habitual del causante será del 100% hasta 123.000 euros, del 99% en el tramo hasta 152.000 euros, del 98% en el tramo hasta 182.000, del 97% en el tramo hasta 212.000 euros, de 96% en el tramo hasta 242.000 euros y del 95 por ciento a partir de 242.000 euros.

Esta reducción será de aplicación con los siguientes requisitos:

a) Que los causahabientes sean el cónyuge, ascendientes o descendientes del causante, o bien pariente colateral mayor de sesenta y cinco años que hubiese convivido con el mismo durante los dos años anteriores al fallecimiento.

b) Que la adquisición se mantenga durante los tres años siguientes al fallecimiento del causante, salvo que falleciera el adquirente dentro de ese plazo.

2.- Reducción propia de la base imponible por un importe de hasta 1.000.000 de euros para cónyuge y parientes directos por herencias.

Se aplicará una reducción propia por un importe de hasta 1.000.000 de euros para adquisiciones «mortis causa», liquidando el impuesto por el exceso de dicha cuantía, siempre que concurran en el contribuyente los siguientes requisitos:

a) Que esté comprendido en los Grupos I y II en los supuestos equiparados de parejas de hecho y acogimiento familiar.

b) Que su patrimonio preexistente sea igual o inferior a 1.000.000 de euros.

El importe de esta reducción de la base imponible consistirá en una cantidad variable, cuya aplicación determine que el importe total de las reducciones aplicables no supere 1.000.000 de euros.

 En los supuestos en que proceda la aplicación del tipo medio efectivo de gravamen, por desmembración de dominio o acumulación de donaciones a la sucesión, el límite de 1.000.000 de euros estará referido al valor íntegro de los bienes y derechos que sean objeto de adquisición.

 3-. Reducciones propias de la base imponible de hasta 1.000.000 de euros para contribuyentes con discapacidad por adquisiciones «mortis causa».

Se aplicará una reducción propia por un importe de hasta 1.000.000 de euros para adquisiciones «mortis causa», liquidando el impuesto por el exceso de dicha cuantía, siempre que concurran en el contribuyente los siguientes requisitos:

a) Que tenga la consideración de persona con discapacidad.

b) Que pertenezca a los Grupos I y II de parentesco y supuestos equiparados de pareja de hecho o acogimiento familiar.

El importe de esta reducción de la base imponible consistirá en una cantidad variable, cuya aplicación determine que el importe total de las reducciones aplicables no supere 1.000.000 de euros.

En los casos en que proceda la aplicación del tipo medio efectivo de gravamen, por desmembración de dominio o acumulación de donaciones a la sucesión, el límite de 1.000.000 de euros estará referido al valor íntegro de los bienes y derechos que sean objeto de adquisición.

 Esta reducción será incompatible con la prevista para el cónyuges y parientes directos.

En el supuesto en que el contribuyente con discapacidad pertenezca a los Grupos III y IV de parentesco se aplicará una reducción propia por un importe de hasta 250.000 euros para adquisiciones «mortis causa», liquidando el exceso de dicha cuantía, siempre que su patrimonio preexistente sea igual o inferior a 1.000.000 de euros.

El importe de esta reducción de la base imponible consistirá en una cantidad variable, cuya aplicación determine que el importe total de las reducciones aplicables no supere 250.000 euros.

4-. Mejora de la reducción estatal de la base imponible por la adquisición «mortis causa» de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades.

Los contribuyentes podrán aplicar la siguiente mejora de la reducción estatal de la base imponible por la adquisición «mortis causa» de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades:

a) El requisito de mantenimiento de los bienes adquiridos queda reducido de diez a cinco años. En el caso de que los contribuyentes estén comprendidos en los Grupos I y II de parentesco o en los supuestos equiparados este requisito de mantenimiento queda reducido de diez a tres años.

b) Será aplicable a cónyuges, descendientes o ascendientes y colaterales hasta el tercer grado por consanguinidad y por afinidad del causante.

c) Se incrementa el porcentaje de la reducción del 95 % al 99 % siempre que las empresas individuales, negocios profesionales y las entidades tengan su domicilio fiscal, y en su caso social, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y que este se mantenga en dicho territorio durante los cinco años siguientes al fallecimiento del causante. Cuando los contribuyentes estén comprendidos en los Grupos I y II de parentesco o supuestos equiparados este requisito de mantenimiento será exigible durante los tres años siguientes al fallecimiento del causante.

 5-. Mejora de la reducción estatal de la base imponible por la adquisición «mortis causa» de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades por personas sin relación de parentesco con el transmitente.

La mejora de la reducción estatal prevista en el artículo anterior, con los mismos requisitos y condiciones, será aplicable a aquellas personas que, sin tener relación de parentesco con el transmitente, cumplan los siguientes requisitos:

a) Tener un contrato laboral o de prestación de servicios dentro de la empresa o negocio profesional del transmitente que esté vigente a la fecha del fallecimiento de este y acreditar una antigüedad mínima de 10 años en la empresa o negocio.

b) Tener encomendadas tareas de responsabilidad en la gestión o dirección de la empresa o negocio a la fecha del fallecimiento del causante y con una antigüedad mínima en el ejercicio de estas de 5 años. Se entenderá que tienen encomendadas estas tareas si acreditan la categoría laboral correspondiente a los grupos 1 y 2 de cotización del Régimen General de la Seguridad Social o si el transmitente les hubiera otorgado un apoderamiento especial para llevar a cabo las actuaciones habituales de gestión de la empresa.

6.- Reducción propia por la adquisición «mortis causa» de explotaciones agrarias.

 Para el supuesto de adquisición «mortis causa» de una explotación agraria por el cónyuge o descendientes del causante, o en los supuestos equiparados Ley, se establece una reducción propia en la base imponible del 99%, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el causante haya ejercido la actividad agraria de la explotación de forma habitual, personal y directa a la fecha del fallecimiento.

No obstante, en el caso de que el causante se encontrara jubilado de la misma o en situación de incapacidad permanente en grado de absoluta o gran invalidez reconocida a la fecha del fallecimiento, dicha actividad agraria deberá estar ejerciéndose de forma habitual, personal y directa por su cónyuge o por alguno de sus descendientes, ya sea mediante contrato laboral remunerado con el titular de la explotación agrícola, o mediante la explotación directa de éstos, en caso de que le sean cedidas las explotaciones agrícolas por cualquier negocio jurídico.

En tal caso, la reducción se aplicará únicamente al cónyuge o descendientes que ejerzan la actividad agraria y que cumplan los demás requisitos establecidos.

b) Que el adquirente mantenga en su patrimonio la explotación agraria durante los tres años siguientes al fallecimiento del causante, salvo que falleciese dentro de ese plazo.

La reducción prevista también será aplicable a aquellos adquirentes que, sin tener la relación de parentesco con el transmitente que se determina en el mismo, cumplan los siguientes requisitos y condiciones:

a) Que el causante haya ejercido la actividad agraria de la explotación de forma habitual, personal y directa a la fecha del fallecimiento o, en su caso, se encontrara jubilado de la misma o en situación de incapacidad permanente en grado de absoluta o gran invalidez reconocida.

b) Que el adquirente mantenga en su patrimonio la explotación agraria durante los cinco años siguientes al fallecimiento del causante, salvo que falleciese dentro de este plazo.

c) Que el adquirente tenga un contrato laboral con el transmitente a jornada completa, que esté directamente relacionado con el ejercicio de la actividad agraria de la explotación, que conste en la Tesorería General de la Seguridad Social por afiliación al Régimen General, que esté vigente a la fecha del fallecimiento y que acredite una antigüedad mínima de cinco años en la misma.

d) Que el adquirente tenga la condición de agricultor profesional o, en su caso, que la obtenga en el plazo de un año desde la adquisición.

Esta reducción será incompatible, para una misma adquisición y contribuyente, con la aplicación de la reducción por empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades previstas en la ley estatal o autonómica y con los beneficios fiscales establecidos en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias. 

BENEFICIOS FISCALES EN EL IMPUESTO DE DONACIONES EN ANDALUCÍA

 

La Ley 29/1987, de 18 de diciembre, establece las bases generales del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a nivel estatal. En Andalucía, la Ley 5/2021, de 20 de octubre establece una reducción en la cuota y reducciones y bonificaciones en la base imponible que dependen del valor de lo que se dona y del grado de parentesco entre el donante y el donatario.  Hay cuatro grupos de parentesco:

Grupo I: Comprende a los descendientes y adoptados menores de 21 años.

Grupo II: Incluye a los descendientes y adoptados de 21 años o más, cónyuges, ascendientes, y adoptantes.

 Grupo III: Se refiere a colaterales de segundo y tercer grado por consanguinidad o afinidad, como hermanos, tíos, y sobrinos.

Grupo IV: Abarca grados de parentesco más distantes y extraños.

Además de los grupos mencionados, existen supuestos equiparados:

Las parejas que están oficialmente inscritas en los registros de parejas de hecho se consideran equivalentes a los cónyuges.

Los acogimientos familiares permanentes y las guardas con fines de adopción se equiparan a la adopción formal.

La donación de un bien inmueble tributa en la Comunidad Autónoma Andaluza si el inmueble está situado en Andalucía. En cambio, si lo que se dona es una cantidad de dinero la donación tributará en Andalucía si el donatario tiene en Andalucía su residencia habitual.

Podemos destacar en Andalucía los siguientes beneficios fiscales:

1-. Reducción propia por la donación de dinero a descendientes para la adquisición de la vivienda habitual

Los donatarios que perciban dinero de sus ascendientes, o de personas equiparadas a estos como son las parejas de hecho, para la adquisición de su vivienda habitual, podrán aplicar una reducción propia del 99% del importe de la base imponible del impuesto, siempre que concurran los siguientes requisitos:

Que el donatario cumpla alguna de las siguientes condiciones:

Ser menor de 35 años.

Tener la consideración de persona con discapacidad.

Tener la consideración de víctima de violencia doméstica.

Tener la consideración de víctima del terrorismo o persona afectada.

Que el patrimonio preexistente del donatario esté comprendido en el primer tramo de la escala establecida por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, es decir que sea inferior a 402.000 euros.

Que el importe íntegro de la donación se destine a la compra de la vivienda habitual.

La vivienda deberá estar situada en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El donatario ha de mantener la vivienda habitual durante los tres años siguientes a la fecha de su adquisición.

La adquisición de la vivienda deberá efectuarse dentro del período de autoliquidación del impuesto correspondiente a la donación de dos meses, debiendo aportar la escritura pública en que se formalice la compraventa. En este documento público deberá hacerse constar la donación recibida y su aplicación al pago del precio de la vivienda habitual.

La base máxima de la reducción será 150.000 euros, con carácter general. No obstante, cuando el donatario tenga la consideración de persona con discapacidad, la base de la reducción no podrá exceder de 250.000 euros.

En el caso de dos o más donaciones, provenientes del mismo o de diferentes ascendientes o personas equiparadas a éstas, la base de la reducción será el resultado de sumar el importe de todas ellas, sin que pueda exceder de los límites anteriormente señalados.

2.- La reducción propia por la donación de vivienda habitual a descendientes

Para las donaciones realizadas a partir del 1 de enero de 2022, los donatarios que reciban el pleno dominio de un inmueble de sus ascendientes, o de las personas equiparadas a éstos podrán aplicar una reducción propia del 99% del importe de la base imponible del impuesto, siempre que concurran los siguientes requisitos:

Que el donatario cumpla alguna de las siguientes condiciones:

Ser menor de 35 años.

Tener la consideración de persona con discapacidad.

Tener la consideración de víctima de violencia doméstica.

Tener la consideración de víctima del terrorismo o persona afectada.

Que el patrimonio preexistente del donatario esté comprendido en el primer tramo de la escala establecida por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Que el inmueble adquirido se destine a vivienda habitual del donatario.

El donatario ha de mantener la vivienda habitual durante los 3 años siguientes a la fecha de su adquisición.

Que se haga constar en la escritura pública en la que se formalice la donación que el inmueble se destine a constituir la vivienda habitual para el donatario y el compromiso de mantenimiento a que se refiere la letra anterior.

La base máxima de la reducción será 150.000 euros, con carácter general. No obstante, cuando el donatario tenga la consideración de persona con discapacidad, la base de la reducción no podrá exceder de 250.000 euros.

En el caso de dos o más donaciones provenientes del mismo o de diferentes donantes cotitulares de la vivienda donada, la base de la reducción no podrá exceder del límite anteriormente señalado.

3.- La reducción propia por donación de dinero a parientes para la constitución o ampliación de una empresa individual o negocio profesional

Los donatarios que perciban dinero para la constitución o ampliación de una empresa individual o de un negocio profesional se podrán aplicar una reducción propia del 99% del importe de la base imponible del impuesto, siempre que concurran los siguientes requisitos:

Que el donante esté comprendido en los Grupos I, II y III  o equiparados. Al estar comprendido el grupo tres este beneficio alcanza por consanguinidad a los parientes colaterales de segundo y tercer grado (hermanos, tíos y sobrinos) y parientes por afinidad (los suegros, cuñados, yernos y nueras).

Que el importe íntegro de la donación se destine a la constitución o ampliación de una empresa individual o de un negocio profesional.

Que la empresa individual o negocio profesional tenga centralizada la gestión administrativa y la dirección de las actividades desarrolladas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y que la citada gestión y dirección se mantengan en dicho territorio durante los tres años siguientes a la fecha de la donación, salvo que el donatario falleciera dentro de ese plazo.

Que la constitución o ampliación de la empresa individual o del negocio profesional se produzca en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de formalización de la donación.

Que la donación se formalice en documento público y se haga constar de manera expresa que el dinero donado se destina por parte del donatario exclusivamente a la constitución o ampliación de una empresa individual o negocio profesional que cumpla los requisitos que se prevén en este artículo.

Que la empresa individual o negocio profesional no tengan por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario.

 El importe de la reducción no podrá exceder de 1.000.000 de euros. En el caso de dos o más donaciones, provenientes del mismo o de diferentes donantes, la base de la reducción será el resultado de sumar el importe de todas ellas, sin que pueda exceder del límite señalado.

4.- La reducción por adquisición de empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades de personas con parentesco con el transmitente

Para donaciones realizadas a partir del 1 de enero de 2022, la mejora autonómica de la reducción por la adquisición de empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades se divide en dos reducciones:

a.       Reducción por la adquisición de empresas individuales, negocios profesionales por personas de los grupos I, II y III del 99% si se cumplen los siguientes requisitos:

El donante ha de estar comprendido en los Grupos I, II y III o equiparados. Al estar comprendido el grupo tres este beneficio alcanza por consanguinidad a los parientes colaterales de segundo y tercer grado (hermanos, tíos y sobrinos) y parientes por afinidad (los suegros, cuñados, yernos y nueras).

Se exige que el donante haya ejercido la actividad empresarial o profesional de forma habitual, personal y directa a la fecha de la donación y percibiera rendimientos por dicha actividad.

No obstante, en el caso de que el donante se encontrara jubilado de la misma o en situación de incapacidad permanente en grado de absoluta o gran invalidez reconocida a la fecha de la donación, dicha actividad empresarial o profesional deberá estar ejerciéndose de forma habitual, personal y directa por cualquiera de las personas contempladas en el párrafo a) de este apartado 1 ya sea mediante contrato laboral remunerado con el titular de la empresa o negocio, o mediante la explotación directa de estos, en caso de que le sean cedidas la empresa o negocio por cualquier negocio jurídico, percibiendo rendimientos por dicha actividad.

Se establece un único plazo de mantenimiento de lo adquirido en el patrimonio durante los tres años siguientes a la fecha de la donación.

b.       Reducción por la adquisición de participaciones empresariales por personas de los grupos I, II y III del 99% si se cumplen los siguientes requisitos:

El donatario esté comprendido en los Grupos I, II y III o equiparados. Al estar comprendido el grupo tres este beneficio alcanza por consanguinidad a los parientes colaterales de segundo y tercer grado (hermanos, tíos y sobrinos) y parientes por afinidad (los suegros, cuñados, yernos y nueras).

Que la participación del donante en el capital de la entidad sea al menos del 5% computado de forma individual, o del 20% del grupo de parentesco formado conjuntamente con su cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales hasta de sexto grado, ya tenga su origen el parentesco en la consanguinidad, en la afinidad o en la adopción, así como en los supuestos de equiparación del artículo 26.

Que el donante o alguna de las personas del grupo de parentesco conforme a lo establecido en el párrafo anterior, tengan o no participación en la entidad, ejerza efectivamente funciones de dirección en la entidad, percibiendo por ello remuneración.

Que la entidad, sea o no societaria, no tenga por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.Ocho. Dos. a) de la Ley 19/1991, del Impuesto sobre el Patrimonio.

Que el donatario mantenga en su patrimonio las participaciones en la entidad durante los tres años siguientes a la fecha de la donación, salvo que falleciera dentro de este plazo.

El importe de la reducción sólo alcanzará al valor de las participaciones, en la parte que corresponda a la proporción existente entre los activos necesarios para el ejercicio de la actividad empresarial o profesional, minorados en el importe de las deudas derivadas de la misma, y el valor del patrimonio neto de la entidad, aplicándose estas mismas reglas en la valoración de las participaciones de entidades participadas para determinar el valor de las de su entidad tenedora.

No obstante, también será aplicable la reducción a la tesorería, los activos representativos de la participación en fondos propios de una entidad y de la cesión de capitales a terceros cuyo precio de adquisición no supere el importe de los beneficios no distribuidos obtenidos por la entidad, siempre que dichos beneficios provengan de la realización de actividades económicas, con el límite del importe de los beneficios obtenidos tanto en el propio ejercicio como en los diez ejercicios anteriores. A estos efectos, se asimilan a los beneficios procedentes de actividades económicas los dividendos que procedan de los valores de entidades participadas cuando los ingresos obtenidos por estas procedan, al menos en el 90%, de la realización de actividades económicas.

5.- La reducción por adquisición de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades por personas sin relación de parentesco con el transmitente

La reducción por adquisición inter vivos de empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades es aplicable también a aquellos donatarios que estén comprendidos en el Grupo IV (primos y extraños), y que cumplan, además, los siguientes requisitos:

Tener un contrato laboral o de prestación de servicios dentro de la empresa o negocio profesional del donante que esté vigente a la fecha de la donación y acreditar una antigüedad mínima de cinco años en la empresa o negocio.

Tener encomendadas tareas de responsabilidad en la gestión o dirección de la empresa o negocio a la fecha de la donación y con una antigüedad mínima de tres años ininterrumpidos en el ejercicio de estas inmediatamente anteriores a la fecha de la donación. Se entenderá que tienen encomendadas estas tareas si acreditan la categoría laboral correspondiente a los grupos 1 y 2 de cotización del Régimen General de la Seguridad Social o si el donante les hubiera otorgado un apoderamiento especial para llevar a cabo las actuaciones habituales de gestión de la empresa.

Para donaciones realizadas a partir del 19 de marzo de 2010 y antes del 1 de enero de 2022, se aplica la siguiente medida: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOJA-b-2018-90363&b=46&tn=1&p=20180627#ar-31

6.- Bonificación del 99% en la cuota tributaria en las adquisiciones por donación

En Andalucía, uno de los beneficios fiscales más importantes es la bonificación del 99% en la cuota tributaria para donaciones, la cual se aplica principalmente a ciertas relaciones familiares. Los hijos y descendientes, padres y ascendientes, el cónyuge, así como los casos de equiparaciones podrán aplicar una bonificación del 99 % de la cuota tributaria, en las donaciones o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito inter vivos, siendo necesario para ello que se formalice en documento público y se justifique el origen de los fondos. Será requisito necesario para la aplicación de esta bonificación que la donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e inter vivos se formalice en documento público con la entrega simultánea del bien. Cuando el objeto de la transmisión sea metálico, el documento público deberá formalizarse en el plazo máximo de un mes desde que se produjo la entrega.

BENEFICIOS FISCALES EN EL IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS EN ANDALUCÍA

 

Con carácter general, en las transmisiones de bienes inmuebles la cuota tributaria se obtendrá aplicando sobre la base liquidable el tipo de gravamen del 7 % en el Impuestos de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y del 1,2 en el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD).

Existen las siguientes excepciones:

1.-  Los menores de 35 años pueden aplicar un tipo de gravamen reducido del 3,5 % en ITP, cuando adquieran un inmueble que constituya su vivienda habitual, siempre que el valor de la misma no sea superior a 150.000 euros. En los supuestos de adquisición de vivienda habitual por matrimonios o parejas de hecho, el requisito de la edad deberá cumplirlo, al menos, uno de los cónyuges o uno de los miembros de la pareja inscrita en el Registro de Parejas de Hecho. También en los mismos supuestos pueden aplicar los menores de 35 años un tipo de gravamen reducido del 0,3% en IAJD en las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten transmisiones de inmuebles

2.- Las personas con discapacidad pueden aplicar un tipo de gravamen reducido del 3,5 %, en el ITP cuando adquieran un inmueble que constituya su vivienda habitual, siempre que el valor de la misma no sea superior a 250.000 euros. En los supuestos de adquisición de vivienda habitual por matrimonios o parejas de hecho, el requisito de la discapacidad deberá cumplirlo, al menos, uno de los cónyuges o uno de los miembros de la pareja inscrita en el Registro de Parejas de Hecho. Las personas con discapacidad en los mismos supuestos pueden aplicar un tipo de gravamen reducido en el impuesto de AJD del 0,1% aplicable a las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten transmisiones de inmuebles.

3.- Los miembros de familias numerosas pueden aplicar un tipo de gravamen reducido del 3,5 % en el ITP , cuando adquieran un inmueble que constituya la vivienda habitual de su familia, siempre que el valor de la misma no sea superior a 250.000 euros. Los miembros de una familia numerosa pueden aplicar en los mismos supuestos un tipo de gravamen reducido del 0,1% en el impuesto de AJD, en las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten transmisiones de inmuebles.

4.- Las víctimas de terrorismo y personas afectadas pueden aplicar un tipo de gravamen reducido del 3,5 % en el ITP cuando adquieran un inmueble que constituya su vivienda habitual, siempre que el valor de la misma no sea superior a 150.000 euros. En los mismos supuestos pueden beneficiarse de un tipo de gravamen reducido del 0,3 % en las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten transmisiones de inmuebles.

5.- Las víctimas de violencia doméstica pueden aplicar un tipo de gravamen reducido del 3,5 % en el ITP cuando adquieran un inmueble que constituya su vivienda habitual, siempre que el valor de la misma no sea superior a 150.000 euros. En los mismos supuestos pueden beneficiarse de un tipo de gravamen reducido del 0,3 % en las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten transmisiones de inmuebles.

6.- Las personas adquirentes de un inmueble que radique en un municipio con problemas de despoblación (menos de 3.000 habitantes) y que se destine a ser su vivienda habitual pueden aplicar un tipo de gravamen reducido del 3,5 % en el ITP, siempre que el valor de la vivienda no sea superior a 150.000 euros. En los mismos supuestos pueden beneficiarse de un tipo de gravamen reducido del 0,3 % en las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten transmisiones de inmuebles.

7.- Las personas que adquieran un inmueble destinado a ser su vivienda habitual pueden aplicar un tipo reducido del 6% en el ITP siempre que el valor de la misma no sea superior a 150.000 euros. Los mayores de 35 años pueden aplicar un tipo de gravamen reducido del 1% en Actos Jurídicos Documentados, cuando adquieran un inmueble que constituya su vivienda habitual y cuyo valor no sea superior a 150.000 euros

8.- Los profesionales inmobiliarios, es decir, toda persona física o jurídica que ejerza una actividad empresarial a la que sean aplicables las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad del Sector Inmobiliario, pueden aplicar un tipo de gravamen reducido del 2 %, en la modalidad Transmisiones Patrimoniales Onerosas, a la adquisición de viviendas, siempre que incorpore esta vivienda a su activo circulante, que la vivienda sea objeto de transmisión dentro de los cinco años siguientes a su adquisición y que la transmisión esté sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Los epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas que permiten concluir que el empresario/profesional inmobiliario aplica las normas de adaptación de Plan General de Contabilidad del Sector Inmobiliario son: Grupo 833, subgrupo 833.2 (promoción de edificaciones) y Grupo 861. Subgrupo 861.1 (alquiler de vivienda).

9.- En relación con las viviendas de protección oficial, están exentas en la modalidad Actos Jurídicos Documentados las escrituras públicas otorgadas para formalizar la primera transmisión de viviendas de protección oficial, una vez obtenida la calificación definitiva.

10.- Si el inmueble fuese adquirido por varias personas, el tipo de gravamen reducido se aplicará a la parte proporcional de la base liquidable correspondiente al porcentaje de participación en la adquisición del adquirente que cumpla alguna de las condiciones antes mencionadas. Sin embargo, en los supuestos de adquisición de vivienda habitual por matrimonios o parejas de hecho, el requisito que origine el derecho a aplicar el tipo reducido deberá cumplirlo, al menos, uno de los cónyuges o uno de los miembros de la pareja inscrita en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía o en registros análogos de otras Administraciones públicas.

11.- En aquellos casos en los que se adquiera una vivienda conjuntamente con una o dos plazas de garaje u otros anejos, y siempre que concurra el resto de los requisitos, serán de aplicación los tipos de gravamen reducidos siempre que la suma del valor de la vivienda y los otros elementos adquiridos conjuntamente con aquella no supere el límite establecido.

CONSTITUCIÓN ON LINE DE SOCIEDADES LIMITADAS

Para poder constituir una sociedad por videoconferencia es necesario que el socio o socios fundadores se den de alta en el Portal Notarial del Ciudadano y se disponga de un certificado digital cualificado. Es imprescindible que el ordenador tenga una webcam y el software de Autofirma.

https://www.portalnotarial.es/portal/web/guest/portal-notarial-del-ciudadano

https://www.portalnotarial.es/portal/web/guest/tipos-certificados-aceptados

https://firmaelectronica.gob.es/ciudadanos/descargas

Sólo se podrán constituir sociedades limitadas en línea siempre que las aportaciones sean en metálico. Quedan excluidas de esta modalidad de constitución de sociedades en la que se pretenda hacer aportaciones no dinerarias.

Los pasos que deben seguirse son los siguientes:

A.- Cumplimentar un formulario con todos los datos necesarios para poder redactar la escritura de constitución. Para cumplimentar este formulario el socio promotor deberá entrar al PNC (Portal Notarial del Ciudadano) y acceder a la pestaña Mercantil en la parte izquierda de la pantalla. En esta pestaña de Mercantil deberá seleccionar Constitución de Sociedad  y a continuación marcar el botor verde de Iniciar solicitud.

A continuación, se debe rellenar la información que se solicita que se agrupa en los siguientes puntos:

1.-- Gestiones que queremos delegar en el Notario. En esta pantalla aparecerán marcadas por defecto todas aquellas gestiones que el notario de tu elección podrá realizar en tu nombre a fin de formalizar la constitución de tu sociedad  Aquí dejaremos marcadas las gestiones que se quieren delegar y dejaremos en blanco las que no se quieran delegar. Estas gestiones son:

a.- La solicitud del certificado de denominación social (para reservar el nombre de tu futura empresa).

b.- La solicitud del NIF provisional y definitivo de tu compañía.

c.- La elaboración los Estatutos Sociales de la nueva sociedad.

d.- La liquidación de los impuestos derivados de la constitución.

e.- La gestión de la inscripción de la nueva empresa en el Registro Mercantil.

2.- Denominación social e información de los socios: En esta pantalla deberás rellenar los siguiente datos:

a.- Denominación de la sociedad: El formulario nos permite ordenar cinco propuestas de denominación social. Quedará reservada la primera que esté disponible

b.- Domicilio social: Se deberá indicar la calle, el número, la localidad, provincia y código postal

c.- Objeto social:  Se debe indicar la actividad concreta de la nueva empresa y el CNAE. Hay la opción de incluir información complementaria

d.- En cuanto a la identidad de los socios en el formulario aparecerá por defecto los datos del socio promotor. Si se quiere añadir más socios se deberán incluir sus datos personales marcando la pestaña Añadir socios. De cada socio se deberás indicar el DNI o NIE, nacionalidad, nombre y apellidos, sexo, fecha de nacimiento, estado civil, profesión, teléfono móvil, email y dirección postal.

e.- Capital social a aportar y reparto entre los socios. Se debe indicar la cifra del capital social y el número de participaciones en que se divide y el porcentaje que corresponda a cada socio si hay más de uno. La aplicación calculará de forma automática el valor nominal de las participaciones. También se indicará la forma en que se acredite el desembolso del capital. Se podrá adjuntar el PDF del certificado bancario. Si no se acredita el desembolso los socios responderán solidariamente frente a la sociedad de la totalidad del capital social

No hay que olvidar que si se realizan aportaciones no dinerarias no se podrá realizar la constitución de la sociedad de forma online y será necesario acudir físicamente a la Notaría de tu elección para firmar la escritura de constitución

3.- Otra información de interés sobre los estatutos.

a.-  Se deberá indicar la existencia de derechos especiales de voto o pactos especiales (en caso de que existan, seleccionaremos el “tick” de la opción correspondiente, y se generará un campo de texto libre para que podamos informar de los mismos).

b.- Igualmente se marcará el sistema de administración elegido (administrador único, administradores solidarios o mancomunados u otro ) su retribución y la identidad de los administradores.

c.- También se indicará si existe página web corporativa, la duración de la sociedad y la fecha de inicio de operaciones y fecha de cierre de cada ejercicio social.

Completada toda la información, seleccionaremos el botón de “siguiente” (parte inferior derecha), para continuar con el trámite

4.- Información ampliada y selección de notario.

En esta pantalla tendrás la opción de:

a.   a-.Incluir comentarios que consideres de interés para el Notario.

b.  b-.Solicitar asesoramiento con el notario mediante videoconferencia. En forma de cometarios con texto libre se podrá solicitar asesoramiento por videoconferencia con el Notario, para resolver todas las dudas que el socio fundador tenga.

c.   c.- Si no hay dudas o una vez resueltas se manifestará la voluntad de formalizar el otorgamiento de la escritura de constitución por vía telemática.

d. d.- Adjuntar documentación que consideres relevante para la constitución de la nueva sociedad como puede ser el certificado de denominación del Registro Mercantil o el PDF del certificado bancario

    e.- Seleccionar al Notario de tu elección con el que realizarás la constitución de la sociedad.

5.-  Resumen y confirmación. Al final del formulario aparecerá una última pantalla con toda la información resumida que hemos facilitado en nuestra solicitud. Si no es correcta se deberá modificar. Si es correcta esta información se deberá seleccionar la opción de “Enviar” (botón verde al final a la derecha) para completar el trámite. Después de este envío nos aparecerá una pantalla informando de que la solicitud se ha realizado con éxito. También se recibirá un Email y un SMS de confirmación.

B.-  El borrador de la escritura: Confirmada la solicitud el Notario elegido procederá sobre la base del formulario a elaborar un borrador de escritura de constitución. En caso de que falte alguna información más, desde la Notaría se contactará con el socio fundador bien a través del propio PNC en los apartados de “mis solicitudes” y “mis mensajes” o bien por vía telefónica o Email. Completado el borrador de la escritura el socio fundador podrás revisar el mismo y si lo necesita realizar una videoconferencia previa con el Notario para resolver posibles dudas.

C.- Cita para videofirmar: Confirmado o rectificado el borrador se concreta día y hora para videofirmar la escritura de constitución.

D.- Videoconferencia y firma: En el día y hora de la firma concertada el socio fundador deberás acceder al PNC y conectarte a una videollamada programada por la Notaría. A través de videoconferencia con el notario elegido se podrá leer la escritura propuesta y firmarla electrónicamente con el certificado de firma digital.  Finalmente, el Notario autorizará la escritura firmada mediante el correspondiente certificado digital cualificado y el documento quedará debidamente otorgado y autorizado.

E.- Trámites adicionales: Posteriormente, el Notario se encargará de realizar las tramites adicionales encargados ( la obtención del NIF definitivo, la liquidación de los impuestos devengados, así como la inscripción de la nueva compañía en el Registro Mercantil).

F.- Entrega de copia autorizada: Concluido todos los trámites adicionales el Notario hará entrega en soporte físico o electrónico de la copia autorizada de la escritura de constitución de la sociedad..

Una vez constituida la sociedad y concluido todos los trámites el representante de la sociedad podrá videofirmar la mayoría de los actos societarios siempre que no se transmitan inmuebles. Para esto deberá el administrador o representante de la sociedad deberá vincular en el PNC su usuario personal ya registrado con el de la sociedad o empresa. Esta vinculación debe realizarse de forma presencial en una Notaría, con todos los documentos que acrediten la constitución y representación de la sociedad. Para que el representante de la SL pueda videofirmar a través del Portal Notarial del Ciudadano en nombre de la sociedad deberá obtener un certificado digital de representación, es decir, un certificado digital de la propia sociedad y validarlo en el Portal Notarial del Ciudadano.

EL DERECHO DE USUFRUCTO Y LA CONSOLIDACIÓN DEL PLENO DOMINIO. ASPECTOS CIVILES Y FISCALES

El derecho de usufructo permite a su titular, el usufructuario, usar y disfrutar de una cosa. El término usar se refiere, por ejemplo, si se trata de una casa, a que el usufructuario podrá vivir en ella y, si se trata de una tierra, a que podrá labrarla. El término disfrutar alude a que si el usufructuario tiene una tierra podrá recoger su fruto. También incluye los frutos civiles, como arrendar un inmueble y cobrar la renta. En resumen, el usufructuario puede usar y disfrutar; en supuesto de que fuera un inmueble, vivir en él o alquilarlo, así como recibir la renta.

 Se puede constituir el usufructo vitalicio a favor de una o varias personas, simultánea o sucesivamente, puramente o bajo condición. El usufructo se presume que es vitalicio salvo que se establezca un plazo. El derecho de usufructo puede adquirirse o reservarse en una transmisión de la propiedad. Es frecuente que un hijo o varios adquieran por compraventa la nuda propiedad y el padre o madre, o los dos, adquieran el usufructo. También cabe que se transmita por donación la nuda propiedad a un hijo y se reserve el transmitente el usufructo vitalicio. Ahora se suele ver en los portales inmobiliarios la venta de la nuda propiedad con reserva de usufructo como una forma de conseguir liquidez.

 Si el usufructo se adquiere o se reserva en favor de varias personas no se extingue hasta el fallecimiento del último (art. 521 Cc). Puede suceder que un derecho de usufructo se adquiera con carácter ganancial, en cuyo supuesto si no ha pactado su carácter simultáneo y sucesivo no se produce un acrecimiento del derecho de disfrute en favor del sobreviviente y será necesario su liquidación por los herederos del usufructuario fallecido.  

 La ley prevé dos formas de constituir un usufructo vitalicio como consecuencia de una herencia:

a.- Por decisión libre del causante, manifestada en su testamento. Suele ser habitual en los testamento que el testador disponga del usufructo universal en favor del cónyuge viudo (cautela socini).

b.- Por establecimiento de la ley, como constitución de un derecho hereditario a favor del cónyuge viudo. En este caso, la ley impone un porcentaje de la herencia que será objeto del usufructo, según cuáles sean los parientes herederos con los que concurra el cónyuge viudo. Así, la legítima del cónyuge viudo consistirá en el usufructo sobre el tercio de mejora, si el cónyuge concurre a la herencia con los hijos y descendientes del fallecido; sobre la mitad de la herencia, si concurre con los ascendientes, al no existir descendientes; y sobre los dos tercios de la herencia, si no hay ascendientes ni descendientes.

 

El usufructo puede recaer sobre cualquier tipo de bien o derecho, y cuando afecta a todos los bienes de una herencia, se denomina usufructo universal. En la medida en que limita el derecho de propiedad, si afecta a bienes inmuebles, es inscribible en el Registro de la Propiedad.

 El valor del usufructo y la nuda propiedad

El valor del usufructo se calcula aplicando un porcentaje sobre el valor total del bien, porcentaje que se obtiene como resultado de restar a 89 la edad del usufructuario en el momento del cálculo. En cuanto al valor de la nuda propiedad, este es el resultado de restar el valor del usufructo al valor total del bien. No obstante, existen unos límites para el valor del usufructo, que no puede ser inferior al 10 % del valor del bien ni superior al 70 %, en cuyo caso se tomaría uno de estos valores.

 Impuesto de Transmisiones y Sucesiones: Reglas

Para la valoración de los derechos de usufructo y nuda propiedad se aplicarán las reglas siguientes:

a) El valor del usufructo temporal se reputará proporcional al valor total de los bienes sobre que recaiga, en razón de un 2 por 100 por cada período de un año, sin exceder del 70 por 100. No se computarán las fracciones de tiempo inferiores al año, si bien el usufructo por tiempo inferior a un año se computará en el 2 por 100 del valor de los bienes.

b) En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70 por 100 del valor total de los bienes cuando el usufructuario cuente menos de veinte años, minorándose el porcentaje en la proporción de un 1 por 100 por cada año más, con el límite mínimo del 10 por 100.

c) El valor de la nuda propiedad se computará por la diferencia entre el valor del usufructo y el valor total de los bienes. En los usufructos vitalicios que, a su vez, sean temporales, la nuda propiedad se valorará aplicando, de las reglas anteriores, aquella que le atribuya menor valor.

 La extinción del usufructo por muerte del usufructuario no comporta una nueva adquisición por quien detenta la propiedad, sino que es el propio régimen legal de este derecho real de goce o disfrute el que establece que la muerte de usufructuario lo extingue (artículo 513.1º, Código Civil), recuperando el propietario las facultades de goce de las que se había visto privado en su constitución.

 En la extinción del usufructo podemos a efectos fiscales distinguir:

1.- Por muerte del usufructuario si no es sucesivo (usufructo vitalicio) se produce la consolidación automática del dominio en el nudo propietario. Se estima que no existe ganancia o pérdida patrimonial en las transmisiones lucrativas por causa de muerte del contribuyente. Por tanto, no tributa en IRPF (Artículo 33.3.b) de la Ley del IRPF)     

En la extinción del usufructo y consiguiente consolidación del dominio se exigirá el impuesto que corresponda según el título de constitución del usufructo:

a.- Por transmisión onerosa: Tributará por el Impuesto sobre Transmisiones patrimoniales (ITP). Se exige al nudo propietario una liquidación por el valor del usufructo que ingresa en su patrimonio, el cual es el resultado de aplicar al nuevo valor que el bien pueda tener en el momento de la consolidación del dominio, el porcentaje que correspondió al usufructo en el momento de la desmembración, por el que no ha pagado el impuesto. No obstante, si el tipo de gravamen hubiese variado desde aquel momento, se aplica el nuevo que esté vigente en el momento de la consolidación.

b.- Por transmisión lucrativa: Tributará por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) aplicando el tipo medio efectivo del gravamen correspondiente a la desmembración del dominio, y en función del valor que tenía el usufructo en ese momento (en el de la desmembración del dominio).

No tributa en el IRPF por la consolidación. El propietario que consolida el dominio obtendrá rendimientos de capital inmobiliario si arrienda o cede el bien o imputación de rentas inmobiliarias (salvo si pasa a constituir su vivienda ha

 2.- Por vencimiento del plazo por el que se constituyó si es a término (usufructo temporal) también se produce la consolidación automática del dominio en el nudo propietario.

Se genera en el IRPF una pérdida patrimonial por la diferencia entre el valor de transmisión, que será cero y el valor de adquisición.

 3.- Por renuncia del usufructuario se produce igualmente la consolidación del dominio en el nudo propietario. Se genera en el IRPF una ganancia o pérdida patrimonial por la diferencia entre el valor de transmisión y el valor de adquisición. La renuncia de un usufructo ya aceptado, aunque sea pura y simple, se considerará a efectos fiscales como donación del usufructuario al nudo propietario. No se aplican los coeficiente de abatimiento.

Al extinguirse el usufructo por causa distinta al cumplimiento del plazo o a la muerte del usufructuario, el adquirente (el nudo propietario) deberá tributar por el valor más alto que resulte de las liquidaciones que procedan por: La renuncia del usufructuario (negocio jurídico en cuya virtud se extingue el usufructo) que se considera como donación a efectos fiscales: Tributará por el ISD por el concepto de donación, o la pendiente por la desmembración del dominio (según el título por el que se constituyó el usufructo), en unos casos de origen inter vivos (ITP) y en otros de origen mortis causa (ISD, concepto Sucesiones).

No tributa en el IRPF por la consolidación. El propietario que consolida el dominio obtendrá rendimientos de capital inmobiliario si arrienda o cede el bien o imputación de rentas inmobiliarias (salvo si pasa a constituir su vivienda habitual

 4.- Por reunión del usufructo y la nuda propiedad en una sola persona por causas distintas se produce la consolidación del dominio en el usufructuario o en el nudo propietario derivada de un negocio jurídico (por donación o por transmisión onerosa)

 Si el usufructuario transmite su derecho al nudo propietario: Obtendrá en el IRPF una ganancia o pérdida patrimonial por la diferencia entre el valor de transmisión y el valor de adquisición.

Si el usufructuario adquiere la nuda propiedad y consolida el dominio: Se exigirá el impuesto correspondiente al negocio jurídico en cuya virtud adquiere la nuda propiedad.

Por transmisión onerosa: la consolidación tributará por el Impuesto sobre transmisiones Patrimoniales (ITP). Por transmisión lucrativa: la consolidación tributará por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) por el concepto de donación.

 En este caso no tributa en el IRPF por la consolidación pero obtendrá rendimientos de capital inmobiliario si arrienda o cede el bien o imputación de rentas inmobiliarias (salvo si pasa a constituir su vivienda habitual)

 Si es el nudo propietario el que transmite su nuda propiedad a un 3º (al usufructuario): Obtendrá en el IRPF una ganancia o pérdida patrimonial por la diferencia entre el valor de transmisión y el valor de adquisición de la nuda propiedad. Si el nudo propietario adquiere el usufructo y consolida el dominio. Se exigirá el impuesto correspondiente al negocio jurídico en cuya virtud adquirió la nuda propiedad: Por transmisión onerosa: la consolidación tributará por el ITP y por transmisión lucrativa: la consolidación tributará por el ISD. La consolidación del dominio en el nudo propietario tributará por la mayor de las liquidaciones: entre la que se encuentre pendiente por la desmembración del dominio y la correspondiente al negocio jurídico en cuya virtud se extingue el usufructo.

 En este caso el nudo propietario que adquiere el usufructo y consolida el dominio no tributa en el IRPF por la consolidación, pero obtendrá rendimientos de capital inmobiliario si arrienda o cede el bien o imputación de rentas inmobiliarias (salvo si pasa a constituir su vivienda habitual)